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Tras el pánico generalizado producido en los jóvenes en los últimos días del año pasado a raíz del anuncio de posibles multas por no realizar el servicio militar obligatorio (SMO) o el servicio civil sustitutivo, la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso resolvió llamar al ministro de Defensa y al defensor del Pueblo a dar explicaciones sobre la reglamentación de la Ley 4013/10 de la objeción de conciencia a la instrucción militar.
El calvario de los jóvenes que se agolparon en los locales de la Defensoría del Pueblo de las principales ciudades del país para tramitar su carné de objetor al SMO y las críticas al Gobierno de varios sectores, hicieron que el defensor Godoy y el ministro de Defensa Soto trataran de responsabilizarse de la innecesaria sicosis provocada. Mientras el defensor acusaba a los militares de publicar en sus páginas de internet advertencias irresponsables sobre posibles multas y otras graves medidas, como restricciones para acceder a documentos personales a los jóvenes que no hagan el SMO o el servicio substitutivo, el ministro culpaba a Godoy de todo lo ocurrido.
En este contexto, la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el diputado liberal Antonio Buzarquis, resolvió convocar a ambos a una audiencia, que está marcada para mañana a las 9:00, en el salón VIP de la Cámara de Diputados.
En esta reunión deberán dejar en claro los alcances de la reglamentación de la Ley 4013/10 del “ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio substitutivo al mismo en beneficio de la población civil”. La reglamentación fue aprobada en diciembre pasado por el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia.
La Comisión Permanente, luego de escuchar a Godoy y a Soto, al día siguiente hará su primera sesión ordinaria en la que sus miembros, además de recibir un informe sobre lo expuesto por el defensor y el ministro, analizarán el pedido de derogación de Ley 569/75 del Servicio Militar Obligatorio, presentado por senadores liberales y del Partido Democrático Progresista (PDP), que lidera la senadora Desirée Masi.
También, en esa primera sesión ordinaria, los miembros de la Comisión Permanente brindarán la oportunidad a los senadores proyectistas de que acudan a la sesión a explicar los fundamentos del petitorio de la derogación de la Ley 569.
El titular de la Comisión Permanente había anunciado que en esta sesión es factible que se fije fecha para una sesión extraordinaria donde se trataría el conflictivo tema del servicio militar obligatorio, pero todo dependerá de que exista conformidad de la mayoría de los parlamentarios y argumentos suficientes que ameriten la convocatoria. La Ley 569 es de la época de la dictadura stronista, que de tanto en tanto los militares desempolvan para tratar de reactivar el servicio militar. Varios de los artículos de dicha legislación ya están desfasados.
No se aplicarán sanciones
Ante la presencia masiva de jóvenes en los locales de la Defensoría del Pueblo para tramitar su carné de objetores al servicio militar obligatorio (SMO), el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, trataron de calmar la situación al afirmar que no se aplicará ninguna multa a los jóvenes. Godoy dijo que la aplicación de la reglamentación de la Ley 4013/10 de la objeción conciencia al SMO, cuya puesta en vigencia motivó la alarma generalizada, se suspende por seis meses. Señaló que ese tiempo es para socializar la reglamentación para luego aplicarla a partir de junio. Soto por su parte aseguró que tampoco cobrarán multas según la Ley 569/75 del SMO.