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“Adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los casos de desaparición forzada, incluyendo aquellos que hubiesen sido cometidos durante el periodo 1954-1989, sean investigados sin demora, aun cuando no se hubiese presentado una denuncia formal, y los responsables sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”, reza una de las observaciones de este Comité, ante el cual compareció una delegación del actual gobierno paraguayo.
Los expertos del Comité son elegidos por los países que han ratificado la Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas.
La ONU le recomendó también a Paraguay adoptar “las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de garantizar el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, independientemente de la fecha de su perpetración”.
En cuanto a la búsqueda de los desaparecidos entre 1954 y 1989, la ONU le solicitó a Paraguay “intensificar sus esfuerzos con miras a localizar e identificar” a las víctimas, proporcionando “los recursos económicos, técnicos y de personal”, y “acelerar la conformación y puesta en funcionamiento del Banco de Datos Genéticos”.
Sobre la situación legal de los desaparecidos “cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados”, la ONU exhortó a Paraguay a “regular ...la protección social, las cuestiones económicas, el derecho a la familia” y a la “propiedad” , y establecer “un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada”.
Escatiman recursos
En reiteradas ocasiones Rogelio Goiburú, coordinador de la búsqueda de restos de víctimas de la dictadura e hijo del desaparecido durante la dictadura de Stroessner, Agustín Goiburú, se quejó de la dilación que existe de parte del Gobierno en liberar los fondos para realizar los estudios y análisis que permitan identificar la identidad de los restos hallados.
En una ocasión dijo a este diario que es una vergüenza cómo se dilapida dinero público en los tres poderes del Estado, pero no se dispone o se dilatan recursos para identificar restos de víctimas de la dictadura encontrados en distintos lugares del país.