Cargando...
El martes pasado, el Sindicato Nacional de Funcionarios de la Justicia Electoral (Sinafunje) presentó una nota para solicitar audiencia con los tres altos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La misiva está dirigida al titular del TSJE, Jaime Bestard (ANR, cartista), y a los miembros María Elena Wapenka (PRF) y Alberto Ramírez Zambonini (PLRA).
Argumentaron que desean dialogar con las altas autoridades sobre la situación de los funcionarios contratados que desde hace años trabajan en la institución, porque “están temerosos de perder sus puestos de trabajo”, según la presentación hecha en mesa de entrada.
Uno de los integrantes del sindicato, Gustavo Figueroa, fue contactado por este diario para conocer el trasfondo del pedido planteado a los ministros electorales.
Reconoció que esta incertidumbre se repite año tras año con los contratados, pero los más preocupados son aquellos que tienen una antigüedad de 15 años en adelante. “Esto es cosa de todos los años, los compañeros contactados dijeron que sus contratos fenecieron en diciembre. Ahí justamente es donde nosotros solicitamos a los ministros que tengan consideración con esos funcionarios antiguos, que se tenga en cuenta su antigüedad”, indicó Figueroa.
Recordó que en varias ocasiones solicitaron la desprecarización de los contratados más antiguos, y aunque el director general de Administración y Finanzas del TSJE, Olindo López, demuestra predisposición, la última palabra la tienen los tres altos miembros. “Están sujetos a la recomendación de sus recomendados políticos (sic)”, sostuvo.
Cupos
El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA, independiente) reveló en estos días a ABC Color que sus colegas recibieron ofrecimientos de cargos, entre 8 a 10 cupos por diputado, para archivar el pedido de juicio político presentado contra Bestard, Wapenka y Zambonini, tras cometer prevaricato luego de convocar a elecciones municipales en Ciudad del Este. Fue tras la presentación de la renuncia de la intendenta Sandra McLeod (ANR, cartista) al cargo, aunque luego decidió retractarse.
Actualmente hay 1.950 contratados en vilo en la Justicia Electoral luego de que se divulgara el “acuerdo” entre los miembros del TSJE y los diputados.
Para cumplir con la “promesa” a cambio de impunidad y si se va a favorecer a los 80 diputados, se necesitarán 800 cupos para que aquellos puedan ubicar a sus apadrinados en el TSJE.