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La Comuna de Salto, en los dos años y medio de gestión del intendente Haitter, destinó cerca de G. 4.000 millones a las iglesias evangélicas y católicas de la ciudad. Solo en 2016 se utilizó cerca de G. 1.000 millones para ese fin. “Le pedimos justamente que nos aclare esta situación, sobre todo por una cuestión que ha generado una polémica con justa razón y sobre todo hay un deber hacia la comunidad”, indicó Filizzola (imputado).
Además, comentó que se comunicó vía telefónica con el jefe comunal consultándole sobre el tema, ocasión en que Haitter se refirió a sus expresiones sobre la Constitución Nacional, resaltándole a Filizzola que la Carta Magna es solo una cuestión “retórica”.
Haitter había sido abordado sobre su actuación, la cual va contra lo que establece el artículo 24 de la Constitución Nacional que señala la separación entre Iglesia y Estado. “Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial (...) Se garantizan la independencia y la autonomía de las Iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las leyes”, dice parte del texto.
Respondió en aquella ocasión que lo “volvería a hacer”, si se le diera nuevamente la oportunidad.
Filizzola no habló de un plazo para recibir el informe del intendente de Salto del Guairá, y expresó que el PDP recién después de tener los detalles de la actuación del jefe comunal, estarían tomando una postura.