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Alrededor de una veintena de contrataciones por “excepción” se produjeron en el Ministerio de la Mujer entre febrero y enero pasados. Así lo revelan documentos a los que tuvo acceso ABC Color.
Sin llamar a concurso de oposición, la ministra Nilda Romero nombró a Natalia Mora Insaurralde y Patricia Santacruz de Romero como directoras de la institución. Estas son amigas de la familia de la titular de la cartera. Ambas llegaron a sus cargos apenas un par de días después de que la secretaria de Estado tomara posesión del despacho.
Según la Ley 1626/2000 de la Función Pública, los nombramientos y promociones dentro de cargos públicos deben ocurrir como consecuencia de concursos públicos. Algo que no sucedió en los casos citados.
Romero además nombró como su directora jurídica a Patricia Doldán Bogado, hija de la ministra de la Función Pública Cristina Bogado, quien debería controlar los nombramientos que realiza quien es jefa de su descendiente.
Contrataciones por “excepción”
Como si la contratación de amigas de la familia no fuera suficiente, Romero realizó varias contrataciones más a principios de este año.
Pasando por encima de la Ley de la Función Pública, la ministra de la Mujer usó una resolución para nombrar a una veintena de personas. De acuerdo a fuentes de la institución, las contrataciones fueron otorgadas como pago de favores políticos a quienes trabajaron en la campaña proselitista de la ANR. De hecho, Romero fue durante años presidenta de una seccional colorada de la capital y fue apoderada de Colorado Añetete durante las elecciones.
Desplazaron a funcionarios de carrera
El malestar empeoró entre los funcionarios de la institución debido a que con la llegada de los leales a Romero, varias personas con años de carrera fueron dejadas de lado.
Los funcionarios antiguos, además, son obligados a adiestrar a los recién llegados para cumplir con funciones que desconocen.
Quienes llevaban años dentro de la institución fueron apartados o relegados a cargos de asesores, coordinadores o encargados. Los puestos de director fueron reservados exclusivamente para quienes fueron designados por la administración de Romero.
Además, la ministra ordenó el pago de bonificaciones por gestión administrativa y presupuestaria a sus leales, sin tener en cuenta los requisitos exigidos por los decretos reglamentarios. Romero no respondió a nuestras llamadas.