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El proyecto de declaración tuvo su origen en la prohibición de ingreso a la cárcel de Tacumbú a los senadores del partido de izquierda, el viernes 14 de marzo pasado. Los legisladores pretendían verificar la situación de cinco reclusos que están realizando huelga de hambre.
El documento señala que se repudia la actuación de la ministra de Justicia Sheila Abed e instan al Poder Ejecutivo a respetar y hacer respetar la investidura y las atribuciones constitucionales de los parlamentarios además de garantizar el pleno ejercicio de sus funciones legislativas. La solicitud fue aprobada por la mayoría del pleno en la sesión de la Cámara Alta del día de ayer.
Antecedentes
El viernes 14 de marzo, cuatro de los cinco legisladores del Frente Guasu, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Hugo Richer y Pereira –no asistió Carlos Filizzola–, intentaron conocer el estado de salud de los detenidos por la masacre de Curuguaty, del 15 de junio de 2012, pero no pudieron ingresar a la cárcel de Tacumbú “por orden superior”. La secretaria de Estado se responsabilizó por el hecho y solicitó disculpas públicas porque los funcionarios del penal no le habían informado –según dijo– que se trataba de senadores.