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El informe al cual accedieron los investigadores del Ministerio Público da cuenta que Vilmar Acosta Marques, con cédula paraguaya número 2.552.777, votó en la escuela número 440 de Ypejhú, departamento de Canindeyú. Fue durante las elecciones generales del año 2013.
Esto indica un informe de Fausto Von Streber, director de informática de la Justicia Electoral.
A su vez, este informe fue remitido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, a los fiscales que indagan todo lo referente a Vilmar Acosta Marques.
Las fiscalas Sandra Quiñónez y Claudia Morys, los fiscales Juan Emilio Oviedo, Lorenzo Lezcano y Christian Roig trabajan en este caso.
La información es considerada relevante ya que mientras “Neneco” insiste en que es brasileño, se comprueba que ejerció plenamente sus derechos como ciudadano paraguayo al votar en una elección en la que se definían cargos para la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y Gobernaciones.
Lo hizo con un documento paraguayo que lo obtuvo con documentos que acreditan que nació en Ypejhú.
Pero esta es la hora que Vilmar discute a la justicia brasileña que nació en ese país. El pasado 5 de marzo, el juez de Sete Quedas Guilherme Henrique Berto de Almada, anuló la nacionalidad brasileña de “Neneco”.
El magistrado basó su decisión en que la justicia paraguaya logró demostrar que “Neneco” fraguó su partida de nacimiento y otros documentos para obtener su otra nacionalidad.
La resolución fue apelada por los abogados de Vilmar José Elnicio Moreira de Souza e Iván Alves Cavalcanti.
Empero, el pasado 12 de marzo el magistrado Amaury da Silva Kuklinski, juez de Segunda Instancia y Camarista de la Cuarta Vara Civil y Revisor del estado de Mato Grosso del Sur, rechazó la apelación.
Vilmar tiene 15 días para recurrir ante el Tribunal estadual. Si vuelve a tener un revés le queda como última instancia el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
El objetivo de la defensa de Vilmar es recuperar la ciudadanía brasileña para evitar la extradición a Paraguay.
Brasil, por ley, no extradita a sus connacionales reclamados por otros países.