En el marco del Congreso Iberoamericano “Adolescentes y la violencia en los sistemas penales juveniles. Situación, mecanismos de prevención y respuestas: la experiencia de Latinoamérica”, el juez penal de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Lambaré, Camilo Torres, junto a otros profesionales internacionales, compartió el tema “Asegurar el uso de la remisión de casos y medidas alternativas a la detención”.
El evento se realizó en el salón La Providencia de la UCA, organizado por la entidad Defensa de Niñas y Niños-Internacional (DNI), sección Paraguay, y que congrega a varios profesionales nacionales e internacionales.
Camilo Torres comenzó diciendo que es importante empezar a instalar el tema de la justicia penal juvenil en nuestro país por las constantes violaciones a los derechos fundamentales del niño y el adolescente.
Torres inició que Unicef revela que existe actualmente unos 254.000 niños entre los 5 y 18 años que no asisten a ninguna institución educativa.
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“Tenemos jóvenes que de entrada ya están condenados a la marginalidad y que podrían convertirse en futuros clientes del sistema penal juvenil”. Criticó que se está dando en nuestro país un fenómeno consistente en que todos los programas sociales se quieren canalizar a través del Poder Judicial. “Al no funcionar la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Justicia y Trabajo como órganos de políticas públicas, los cuales tienen la obligación de crear actividades para esta franja etárea, ya debilitada, la bomba corre en el Poder Judicial. Entonces, actúa como una especie de órgano que calma a la sociedad y ahí tenemos otro problema, bajar la edad para la imputabilidad, el aumento de la pena, etc...”.
Operadores de justicia violentan a los adolescentes
El juez Camilo Torres explicó que hay una cuestión que se está dando en toda Latinoamérica, en Argentina y Uruguay, de un sistema especializado. “Está previsto en la Ley 1680/2001 del Código de la Niñez y Adolescencia todo un sistema especializado de jueces especializados, tribunales orales especializados, Cámara de Apelación especializada, unidad especializada, Ministerio Público especializado, policías especializados, para poder aplicar correctamente una medida alternativa o una medida provisoria en adolescentes. Obviamente, tiene que funcionar este sistema de justicia especializada, pero que no existe en Paraguay”, puntualizó.
Torres denuncia como grave –y que sigue ocurriendo–, por ejemplo, que la Policía de entrada no respeta las condiciones mínimas de detención de un adolescente. “Tenemos en Paraguay la prohibición que dicta el Código Procesal Penal de que un adolescente no puede ser detenido por una orden del fiscal”, prohibición que se sigue violando normalmente.
¿Quién se recupera en la cárcel?
Camilo Torres explica en el congreso que es muy común encontrar jueces que siguen justificando la medida privativa de libertad con base en principios sobre el interés superior del niño, dicen: “este niño que vive en la calle, que tiene una familia disgregada, que no tiene qué comer..., y pasa sobre el interés superior del niño: va a estar mucho mejor en la cárcel de Itauguá que en su casa. O sea, existe una violación flagrante de los derechos del niño y adolescente en nuestro país”. También dijo que hay una cuestión sumamente grave que no se puede justificar, ya que se justifican medidas preventivas de libertad ante la ausencia de políticas públicas. “No hay centros de adicciones, no hay lugares para desintoxicar a los chicos; entonces, qué hacen varios operadores de justicia ante la ausencia del Estado y ausencia de políticas públicas, porque no funcionan las instituciones: se van a la cárcel de Itauguá”.