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La infraestructura económica representa un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, así como un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL).
De acuerdo con el organismo, el impacto puede ser visto y analizado desde varias aristas, a decir, transformador, ya que favorece tanto la productividad como la competitividad en los mercados internacionales, y con ello, el crecimiento y el desarrollo económico y social. Además, las inversiones en obras de infraestructura contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos (salud, educación, esparcimiento), reduce los costos asociados a la movilidad y a la logística, mejora, asimismo, el acceso a los diversos mercados (de bienes y servicios, de trabajo y financieros), otorgando un entorno propicio para incrementar el bienestar general.
Un aumento en el nivel de infraestructura de 1% incrementa, temporalmente, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre 1% y 2% (Calderón y Serven, 2014). En cuanto a la inequidad, se experimenta una disminución como resultado del aumento de la infraestructura pública porque amplía las oportunidades de producción y trabajo, valorizando bienes y propiedades y mejorando los prospectos de ingresos.
Por el lado social, la infraestructura facilita el acceso a servicios de educación y salud, valorizando el capital humano y ampliando el potencial de trabajo y calidad de vida. De esta forma la infraestructura se vuelve una herramienta valiosa para la reducción de pobreza (Calderón y Serven, 2014).
En lo que respecta a la brecha de infraestructura, entendida como la diferencia entre la inversión realizada en materia de infraestructura (efectivo) y las que necesita un país (potencial), es mayor en naciones de menor desarrollo económico, como las de América Latina, de acuerdo con estudios de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM).
En la región latinoamericana, la brecha asciende a aproximadamente 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), conforme con estimaciones realizadas por Kpmg en su informe denominado: ‘Los cambios en infraestructura en América Latina’. El estudio señala los aspectos que juegan en contra de una mayor inversión en infraestructura. A decir: la falta de fondos, la inexistencia de un plan a largo plazo, la politización de las prioridades en la ejecución de los proyectos. Además, la inestabilidad de las políticas públicas y las prácticas de corrupción.
Cálculos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) refieren que, para cerrar el déficit de infraestructura en la región, los países deben aumentar sus inversiones hasta 3 puntos porcentuales con relación al PIB. Para el organismo, las inversiones en infraestructura se vienen realizando a un ritmo muy lento de US$ 28.500 millones de manera anual, cuando la necesidad es de US$ 100.000 millones para alcanzar el promedio mundial en el año 2040.
En tanto que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que el aumento de la inversión en infraestructura permitiría acelerar el crecimiento económico de la región, por lo que recomienda un aumento, en promedio, entre el 3,5% y 7% de la inversión pública.
En esta entrega, la Consultora MF Economía/Inversiones presenta y analiza el déficit de infraestructura en Paraguay, la dinámica de las inversiones en los últimos años, desafíos y perspectivas de financiamiento, entre otros puntos.