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El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe pasado, alertaba sobre la situación actuarial de las principales cajas previsionales públicas de Paraguay. El estudio señalaba que el desfinanciamiento de la Caja Fiscal es el de mayor urgencia por su tamaño y porque ya se encontraba atravesando un importante déficit.
En el mismo sentido, advertía que la falta de medidas correctivas y la materialización de un pasivo contingente para el sector público como son los déficits de las cajas previsionales públicas, generarían problemas de equidad, atendiendo la importante proporción de población no cubierta por la seguridad social.
Años atrás, con la Ley Nº 2345/2003 de Reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, se habían establecido una serie de nuevos parámetros con el objetivo de lograr el equilibrio del sistema. Entre las principales modificaciones se encontraban: elevar la tasa de aporte al 16%, fijar como salario base el promedio de los ingresos laborales de los 5 últimos años.
Además de reducir e igualar al 65% las pensiones de sobrevivencia de todos los sectores, establecer el IPC como mecanismo de actualización de haberes para todos los sectores.
De acuerdo con informaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la caja generó ahorros, sin embargo, algunos sectores continuaron siendo deficitarios. En tal sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había dado a conocer un análisis de impacto actuarial de la Ley 2345. El organismo destacaba que el déficit actuarial había disminuido del 90% del Producto Interno Bruto antes de la reforma al 45% del PIB luego de la misma (38% del PIB para los planes contributivos).
Los sectores de empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales estaban equilibrados en 60 años. En tanto que el Magisterio Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional seguían arrojando déficits. Estos sectores fueron beneficiados con parámetros especiales desde el año 2012, lo que terminó por profundizar el desequilibrio y afectar al programa en su conjunto.
El aporte de los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, es mayor a los haberes, por lo que presentan resultados positivos, mientras que los maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional registran descalces, es decir, los haberes jubilatorios superan a las contribuciones. Por esto, los insuficientes recursos registrados en el sector docentes del MEC son cubiertos con los recursos superavitarios generados por los sectores de empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios y en el último año, con las reservas jubilatorias. En tanto que el desequilibrio que presentan las fuerzas públicas es respondido directamente con impuestos, es decir, del pago que realizan los contribuyentes en concepto de tributos.
¿Cuál ha sido el comportamiento en los últimos años?
De acuerdo con los datos oficiales, la Caja Fiscal arrastra un déficit importante desde el 2015. Si se considera años atrás, desde el 2008 hasta el 2010, el descalce ha sido en promedio de G. 100.000 millones anuales. En tanto que en el 2011 se recupera obteniendo superávits de G. 160.000 millones en promedio hasta el 2014, pero a partir de 2015, el desequilibrio no ha podido revertirse. Tal es así que si se considera la última década, el Tesoro Público ha cubierto el déficit acumulado que arrastra el Sector No Civil por aproximadamente US$ 1.200 millones provenientes de los ingresos tributarios.
Cálculos y pronósticos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas muestran que desde el 2021 y hasta el año 2029, se profundiza el déficit de los programas Contributivos del Sector Civil y No Civil de la Caja Fiscal, siempre que no se lleven a cabo reformas que reviertan el desequilibrio. Durante el 2022, el descalce ascendió a unos US$ 120 millones y para el 2029, se elevaría a US$ 3.536 millones.
De acuerdo con los datos contenidos en el portal del MEF, de enero a agosto del año 2023, el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones se ubicó en aproximadamente US$ 92 millones (alrededor de G. 670.429 millones).
Implicancias y perspectivas
En palabras del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, sostuvo que las discordancias, sobre todo, en el grupo de jubilados, es entendible. Sin embargo, el debate y la socialización son necesarios. “Si nos centramos en los intereses de fondo vamos a llegar muy rápido a un acuerdo. Tenemos una realidad de la cual no podemos escapar. El manejo de los recursos de las cajas sin control fue muy malo hasta la actualidad, lo que nos lleva a afirmar que es necesario el control”, enfatizó Carvallo.
Un reciente informe del Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia (DENDE) refiere que el complicado escenario no solo se registra en la Caja Fiscal sino en las otras. “Además de las asimetrías y la ínfima cobertura, esta bomba de tiempo denota la urgente necesidad de una reforma del sistema de jubilaciones”.
La insostenibilidad de la Caja Fiscal no solo está afectando a los sectores del mismo programa, sino que se va extendiendo a toda la población, ya que como se ha mostrado, parte de los ingresos tributarios se destinan a cubrir el déficit. Así, se reduce la capacidad del Estado de intervenir en proyectos de impacto socioeconómico.
Por tanto, la situación y perspectivas del sistema de pensiones del sector público muestran números poco alentadores que llaman con urgencia a la implementación de reformas estructurales.
Además, la estabilidad macroeconómica y fiscal se encuentran en zona de riesgo, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento de las obligaciones del Estado impactaría en la imagen país con sus innumerables consecuencias. Por todo ello, la consigna debe ser impulsar profundas reformas basadas en condiciones y reglas homogéneas, que simplifiquen, no solo el funcionamiento del esquema de jubilación pública, sino de todo el sistema de pensiones en Paraguay.
Reforma
El déficit actuarial disminuyó del 90% del PIP antes de la reforma al 45% del PIB luego de la misma (38% del PIB para los planes contributivos).
Descalce
Durante el año 2022, el descalce ascendió a unos US$ 120 millones y para el 2029, se estima que este monto se elevaría a US$ 3.536 millones.
