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En paralelo, las mediciones de los últimos años han demostrado que los cinco principales productores de GEI del mundo (China, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Rusia) son responsables de casi dos tercios de las emisiones globales de esos gases. Ante esta situación alarmante y sobre todo desigual en términos del balance contaminación/solución que cada país aporta al problema, el concepto de acción climática toma particular relevancia.
La acción climática parte de las condiciones de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, además de las soluciones humanas y naturales que cada región tiene para ofrecer en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que América Latina y el Caribe es una región valiosísima en términos de su rol estratégico para garantizar estabilidad climática y provisión de servicios ecosistémicos como agua, alimentos y energía justa, entre muchos otros.
Al respecto, quiero ahondar aquí en tres acciones específicas en las que la región ha avanzado muchísimo y en las que tiene incluso capacidad para seguir creciendo. La tecnología verde es la primera y representa un gran aporte para la reducción de las emisiones de carbono y el impacto ambiental en general. Estas soluciones promueven la innovación y el uso de recursos informáticos responsables con el medio ambiente, que reducen la huella de carbono, que contemplan la gestión de residuos sólidos, y que optimizan los modelos de gestión y las operaciones ya existentes. Un escollo que aún persiste en este campo es la falta de conocimiento técnico y de medios para monitorear el impacto de sus acciones.
Otro valor incalculable de nuestra región en términos de su capacidad para eliminar el carbono de la atmósfera se centra en las llamadas soluciones basadas en la naturaleza. Esta categoría implica una acción climática enfocada en el refuerzo y la restauración de los ecosistemas existentes y, a partir de allí, en el impulso y la gestión de iniciativas basadas en el entorno natural. Ejemplo de estos esfuerzos es el anuncio que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) realizó durante la Conferencia sobre los Océanos, en junio de 2022 en Lisboa, de un financiamiento por 1.250 millones de dólares para apoyar proyectos de preservación, dinamización e impulso de los ecosistemas del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una región compartida entre Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá que genera 3 mil millones de dólares anuales derivados de la pesca, el turismo y el transporte marítimo en el área.
Estas soluciones incluyen, por ejemplo, desde la absorción de carbono por parte de bosques, suelos, manglares y otros recursos, hasta la reducción del riesgo de desastres naturales producidos por prácticas agrícolas irresponsables y de deforestación. En el medio se ubican las energías renovables, que representan un tipo de energía derivada de fuentes naturales y cuyas emisiones son mucho menores que las que producen las no renovables. Ejemplos de fuentes de este tipo de energías son la solar, la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica y la bioenergía. Esta segunda pata todavía debe enfrentar inconvenientes en lo que hace al vínculo entre los distintos actores de la sociedad y el establecimiento de acuerdos y consensos para la explotación y producción de soluciones.
Y la tercera instancia de la acción climática, fundamental para alcanzar las metas de adaptación y mitigación globales, se centra en el desarrollo de infraestructuras sostenibles, justas y resilientes al cambio climático. Estas iniciativas enfocan sus esfuerzos en garantizar la armonía entre el progreso humano y la naturaleza a través de desarrollos en sectores como transporte, agua y comunicaciones digitales, y la planificación, ejecución y gestión de obras físicas que sean sustentables e inclusivas. Al respecto, un estudio reciente de CAF analiza los efectos macroeconómicos de invertir en infraestructura resiliente y crear fondos de contingencia para reducir el impacto de eventos climáticos en los países de la región. El resultado muestra que esas inversiones mejoran también la trayectoria de la deuda pública a mediano y largo plazo.
La acción climática y el cero neto deben establecerse como verdaderas políticas de estado para los gobiernos de la región y el mundo, cuya importancia se vea además reflejada en el financiamiento climático que cada país aporte a sus respectivos presupuestos y compromisos institucionales. Solo así tendremos la posibilidad de medir, entender y tener la capacidad de incidir sobre el futuro de nuestro planeta.
(*) Vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF.