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En los últimos años las inversiones en el país han alcanzado niveles importantes, especialmente desde 2019, cuando dos eventos golpearon a la economía y el Gobierno impulsó una política contra cíclica que se vio reflejada en un ambicioso plan de inversiones de US$ 1.003,7 millones, tras situarse en torno a US$ 600 millones. Esta fuerte apuesta continuó en los años de la pandemia (2020-2022).
Datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dan cuenta de que entre 2014 y 2023, el promedio de inversión de la Administración Central ha sido de 2,5% del PIB. En 2020, primer año de la pandemia, se había realizado una inversión récord de 3,6% del producto interno bruto (PIB). Mientras que las estadísticas de infralatam.info, muestran que, en más de una década, la inversión pública en infraestructura económica (agua, energía, telecomunicaciones y transporte) ha sido, en promedio, de 1,9% del PIB.
Durante 2024 se destinaron aproximadamente US$ 900 millones a la inversión pública, siendo julio, noviembre y diciembre los meses con mayor recurso direccionado, tal como se observa en el gráfico. En tanto que desde 2022 y considerando los últimos datos de la cartera fiscal, la ejecución de la inversión pública con respecto al Presupuesto General de la Nación ha sido, en promedio, del 40% cuando en la prepandemia se ubicaba por debajo de este porcentaje.
Actualización de la Ley APP
Tras varios intentos de actualización de la ley conocida como Alianza Público-Privada (APP), finalmente, con la sanción del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo promulgó recientemente la Ley Nº 7452, que actualiza y moderniza el régimen de promoción de la inversión en infraestructura.
En esta entrega se abordan los conceptos y alcances generales de la reciente ley. En el mismo sentido, la normativa establece un marco institucional para la implementación eficiente de estos proyectos, asegurando su viabilidad a largo plazo y considerando los riesgos fiscales asociados.
Nuevo régimen
El nuevo régimen se basa en una serie de principios que buscan garantizar su transparencia y eficiencia.
Tiene como objetivo promover la inversión en infraestructura pública y servicios mediante la participación público-privada (PPP). Se busca establecer un marco legal e institucional eficiente para la gestión de estos proyectos, asegurando transparencia y responsabilidad fiscal.
Entre los principios fundamentales se destacan:
-Supervisión del estado: Control y vigilancia de la ejecución de los contratos.
-Transparencia y rendición de cuentas: Publicidad de la información sobre contratos y compromisos fiscales.
-Rentabilidad social: Evaluación de los beneficios públicos antes de la ejecución de los proyectos.
-Eficiencia económica: Uso de PPP solo cuando sea más eficaz que otras alternativas de inversión pública.
-Competencia e igualdad: Selección de participantes mediante procesos competitivos y transparentes.
-Seguridad jurídica: Definición clara de derechos y responsabilidades en los contratos.
-Temporalidad: Los contratos no podrán superar los 40 años, incluidas prórrogas.
-Sustentabilidad ambiental: Cumplimiento de estándares ambientales y mitigación del impacto climático.
En la normativa también se definen a los actores clave en los contratos de APP como la Administración Contratante (organismos del Estado responsables de celebrar y ejecutar los contratos), participante privado (empresas que firman contratos de APP con el Estado), contrato de APP (acuerdo entre el Estado y un privado para la inversión y gestión de infraestructura o servicios) y la figura de los fideicomitentes públicos (entidades estatales que participan en fideicomisos de proyectos APP).
La ley establece que solo podrán realizarse proyectos bajo la figura Alianza Pública-Privada cuando el costo estimado supere 12.500 salarios mínimos. Además, se permite una reducción excepcional con autorización del MEF.
Queda contemplado que los contratos deben detallar la distribución de riesgos y compromisos entre el Estado y el privado. Se deberá seguir una metodología basada en mejores prácticas internacionales, desarrollada por el MEF.
Además, estos contratos estarán sujetos a normativas específicas, con aplicación supletoria del Código Civil paraguayo.
De acuerdo con los mismos puntos consignados en la normativa, las administraciones contratantes podrán unirse para desarrollar proyectos APP.
En el sector de transportes y comunicaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será la autoridad principal. Mientras que el MEF tendrá un rol central en la evaluación de impacto fiscal y viabilidad financiera de cada proyecto, además de llevar un registro público de todos los contratos.
Atribuciones del MEF
Entre las principales funciones del MEF incluyen:
-Evaluación de riesgos y viabilidad comercial.
-Registro y monitoreo de pagos derivados de los contratos.
-Coordinación de auditorías internacionales para evaluar el cumplimiento de los contratos.
-Supervisión de modificaciones contractuales, sanciones y terminaciones anticipadas.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) emitirá dictámenes previos sobre contratos y modificaciones que comprometan recursos estatales. En coincidencia con el sector público, la Ley Nº 7452 marca un avance en la modernización del marco normativo para las inversiones en infraestructura en Paraguay. Se espera que el impulso a las APP mejore la calidad de los servicios públicos, optimizando el uso de los recursos estatales y fomentando el crecimiento económico del país.
Gestión
Busca establecer un marco legal e institucional eficiente para la gestión de los proyectos, asegurando transparencia y responsabilidad fiscal.
Costo
La ley establece que solo podrán realizarse proyectos bajo la figura APP cuando el costo estimado supere 12.500 salarios mínimos.
Inversión
Durante 2024 se destinaron aproximadamente US$ 900 millones a inversión pública, siendo julio, noviembre y diciembre los meses con más recursos.
Impacto
En sector de transporte y comunicación, MOPC será la autoridad principal y MEF evaluará el impacto fiscal y la viabilidad de cada proyecto.
