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En la misma línea, las reglas fiscales son instrumentos diseñados para promover la disciplina fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Su aplicación está estrechamente vinculada al nivel de endeudamiento, dado que, en muchos casos, establecen límites tanto al déficit fiscal como al gasto público.
Deuda pública en Paraguay
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública se define como el conjunto de obligaciones que el Estado mantiene con particulares, instituciones financieras u otros gobiernos. En este marco, el MEF distingue dos segmentos dentro del endeudamiento: el de la Administración Central (AC) y el de las entidades descentralizadas. En conjunto, ambos conforman el Sector Público Total (SPT), una diferenciación que también está reflejada en la legislación vigente.
Conforme con lo establecido en la Ley N° 1535/1999, la Administración Central está compuesta por los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus reparticiones y dependencias, así como los ministerios y la Contraloría General de la República. Todas las deudas de la AC son obligaciones del Tesoro Público, y tanto su control como su pago son gestionados por el MEF.
En cuanto al sector descentralizado, este incluye al Banco Central del Paraguay (BCP), los gobiernos departamentales, entes autónomos y autárquicos, entidades públicas de seguridad social, empresas públicas y mixtas, entidades financieras oficiales, universidades nacionales, el Consejo de la Magistratura, la Justicia Electoral, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Defensoría del Pueblo.
En el caso de las entidades descentralizadas, a diferencia de la AC, el Estado actúa únicamente como garante de las deudas, mientras que el pago queda a cargo de cada ente deudor.
Saldo de la deuda pública en Paraguay
La deuda pública en Paraguay experimentó una diversificación en sus fuentes de financiamiento, lo que dio lugar a un cambio en la estructura del endeudamiento, mediante la creación de instrumentos como la Ley N° 5074/2013, orientada a los proyectos “Llave en mano”.
Como se puede observar en el gráfico 1, el saldo de la deuda de la AC aumentó de manera sostenida, para el cierre de 2024, alcanzó un monto de US$ 16.217,1 millones de acuerdo con datos del MEF.
En la tabla 1, se presenta una comparación de la composición de la deuda de la AC, que para el año 2013 se distribuía de la siguiente manera: los préstamos con organismos multilaterales y bilaterales representaban el 45,4%, los bonos internos el 37,1% y los bonos externos el 17,5%.
En cambio, en el 2024, la estructura cambió significativamente: los bonos externos representaron el 43,8%, los préstamos con organismos multilaterales y bilaterales el 43,7% y los bonos internos el 8,9%. El 3,6% restante corresponde a la Ley N° 5074/2013 (Llave en mano).
Ley de Responsabilidad Fiscal
En el 2013, se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley N° 5098/2013), que establece un límite al déficit fiscal, el cual no podrá superar el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para ese periodo. No obstante, contempla una cláusula de excepción que permite ampliar el margen del déficit hasta el 3% del PIB en casos de emergencia nacional o crisis internacionales.
Dicha cláusula se había utilizado en el año 2019, a causa de la sequía que afectó a la economía paraguaya. Adicionalmente, durante 2020, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 generó una necesidad de financiamiento aún mayor con respecto al año anterior. Ante la magnitud del impacto económico y social, la Ley N° 6524/2020 declaró el estado de emergencia y estableció medidas administrativas, fiscales y financieras complementarias, dado que la flexibilización prevista en la Ley de Responsabilidad Fiscal resultó insuficiente.
Plan de convergencia fiscal
La acumulación de déficits fiscales llevó a las autoridades a implementar un plan de convergencia fiscal, con el fin de retomar los objetivos establecidos en la Ley.
Como puede observarse en el gráfico 2, en 2020, el déficit fiscal fue de 6,1% del PIB como resultado de la crisis sanitaria del covid-19, mientras que en 2021 y 2022 se redujo hasta llegar al 3,6% y 2,9%, respectivamente. No obstante, en 2023, el déficit fiscal se situó en 4,1%. Lo anterior debido al reconocimiento por parte del gobierno de las deudas pendientes con farmacéuticas y constructoras correspondientes a periodos anteriores.
Dado este contexto, el MEF implementó un nuevo plan de convergencia fiscal, tras la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional de un programa de dos años, en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP), que, entre las medidas previstas, abordó el restablecimiento del límite máximo del déficit fiscal (1,5%).
Finalmente, es importante recalcar que el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal no solo afecta las finanzas públicas, sino que también influye en la imagen del país. Instituciones y agencias calificadoras de riesgo basan sus evaluaciones en estos indicadores y, por tanto, en la medida en que un país se aleja de criterios de sostenibilidad, podría dejar de cumplir sus compromisos, con lo cual experimentaría un deterioro en su calificación crediticia, como ha ocurrido en varios países de la región.
Bonos
En 2024, bonos externos implicaron 43,8%, préstamos con entes multilaterales 43,7% y bonos internos el 8,9%. El 3,6% restante es ley llave en mano.
Reglas
Las reglas fiscales son instrumentos diseñados para promover la disciplina fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
