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Hoy, medio siglo algo más después de aquel acto en Brasilia, un 26 de abril de 1973, ¿qué espacio ocupa Itaipú en nuestros recuerdos, debates, búsquedas de información, reclamos inclusive?
Si en este momento nos atreviéramos a realizar una encuesta y preguntásemos al país quién es el director técnico paraguayo de Itaipú y quién el director técnico de la selección paraguaya, comprobaríamos que las binacionales son un tema exclusivo de políticos, técnicos y de algunos periodistas.
Lejos está de nuestro ánimo persuadir a nuestros connacionales de que el patriotismo no se reduce a vestir la camiseta en cada partido de la albirroja, o quedarse sin voz gritando sus triunfos e inclusive sus empates con sabor a triunfos.
Sí deseamos que esas muchedumbres, capaces hoy de lanzarse a las calles para sostener a su equipo, haga lo propio cuando se trate de los intereses nacionales, ocultos o semiocultos detrás de pretendidos muros binacionales o de los mezquinos intereses de sus administradores de turno.
¿Medimos correctamente la importancia de Itaipú para nuestro país? ¿Creemos acaso que la parte que nos llega de los beneficios del complejo hidroeléctrico binacional es suficiente? ¿Somos conscientes de que la mitad de ese colosal activo pertenece a la República del Paraguay?
Los recursos hidráulicos del río Paraná, los únicos insustituibles en un emprendimiento de esta naturaleza, recordemos -está escrito inclusive en la primera hoja del Tratado- “pertenecen en condominio a los dos países”.
El Art. I del Tratado consagra que “Las Altas Partes Contratantes convienen en realizar, en común y de acuerdo a lo previsto en el presente tratado y sus anexos, el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná, pertenecientes en condominio a los dos países, desde e inclusive el Salto del Guairá ... hasta la boca del río Yguazú.
El Art. III establece que esas altas partes contratantes, “crean, en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada Itaipú, con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Art. I”.
El Art. V, mencionamos solo algunos, aclara que “Las Altas Partes Contratantes otorgan autorización a la Itaipú para realizar, durante la vigencia del presente Tratado, el aprovechamiento del trecho del río Paraná referido en el Art. I”.
Entonces no queda duda de que el complejo Itaipú se hizo posible gracias al “aprovechamiento hidroeléctrico” del río Paraná en el tramo de referencia, cuyos recursos hidráulicos “pertenecen con condominio a los dos países y que la entidad binacional es solo depositaria del permiso que le otorgan las altas partes contratantes, “en igualdad de derechos y obligaciones”.
Medio siglo y dos años después de la firma del Tratado; 51 años y siete meses desde de su puesta en vigencia, 41 años desde la operación de sus primeros grupos productores, de acuerdo con los datos de la entidad binacional, gran parte de ellos, oficiales, el “condominio” de los únicos recursos insustituibles en la obra o la igualdad “de derechos y obligaciones” de la entidad permisionaria siguen ausentes para el Paraguay.
Los números de la asimetría
De mayor a menor, comencemos con el porcentaje de aprovechamiento paraguayo de la producción de la central en las cuatro décadas en observación:
Según registros oficiales (Itaipú, ANDE, Viceministerio de Minas y Energía), extraoficiales (técnicos independientes del sector energía), en el período comprendido entre 1984 y 2024, la central paraguayo/brasieña produjo 3.051.799.000 MWh; para dimensionar con mayor precisión esa cantidad, recordemos que el mercado eléctrico nacional consumió el año pasado 26.258.514 MWh, luego para que utilicemos esa cantidad necesitaríamos de 116 años más.
No obstante, el dato más relevante para este material es que en el período en cuestión, de producción de la central, el Paraguay utilizó 300.685.000 MWh, solo el 9,85% del total.
El Art. XIII del tratado establece que la energía producida por Itaipú “será dividida en partes iguales entre los dos países”, o sea, 1.525.899.500 MWh pertenecían a nuestro país.
Veamos los números una vez más, entre 1984 y el 2024, la ANDE utilizó 300.685.000 MWh, solo el 19,7% de su energía y debió ceder 1.225.214.500 MWh. Una vez, si dividimos esta cifra por la cantidad que demandó el mercado nacional en 2024, concluiremos que con el total cedido, con el nivel actual de consumo, el Paraguay hubiera cubierto 46,7 años.
Dirán los defensores del statu quo que nuestro país cedió energía debido al tamaño de su energía; sin embargo, cuatro décadas después, el cuadro de uso final de energéticos que elabora el Viceministerio de Minas y Energía revela que el país atiende su demanda, principalmente, con biomasa (carbón, leña, etc.) y derivados del petróleo y que la tajada que representa a la energía eléctrica ronda apenas aún el 20%.
No obstante, el punto principal del debate, al menos por ahora, no es ese, sino qué hace el Paraguay -sus administradores de turno- con la energía que no utiliza y -también- cuánto recibe por su excedente.
En la segunda parte del Art. XIII del Tratado de Itaipú se lee que a cada parte (Paraguay, Brasil) -en rigor Brasil- se le reconoce “el derecho de adquisición ... de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo”.
¿Cómo se interpretó la frase “derecho de adquisición? Los gobiernos, que en todo ese lapso se sucedieron en la cresta del poder en Paraguay, aplicaron ese mandato casi como un “derecho de confiscación”. Brasil era el exclusivo y excluyente beneficiario del excedente paraguayo.
¿A qué precio? En el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, la matriz del Tratado, se apuntaba que por la energía que no sea utilizada por la otra parte -Paraguay- debía pagarse el Justo Precio. También consagraba “el derecho de preferente de adquisición”, mandato que implica la atención de otras exigencias, pero que también fueron ignoradas.
Las fuentes oficiales informan que en el lapso de comercialización de la energía de Itaipú, el Estado paraguayo recibió US$ 5.286.000.000, cifra sin duda con elevados decibeles, pero una simple división de esa cantidad por el total que cedió el Paraguay en ese período, o sea, por 1.225.214.500 MWh, concluiremos que fuimos estafados. En efecto, desde Brasil nos pagaron US$ 4,3 por cada MWh cedido.
Como dato final, que en el marco de la actual importación-exportación de energía eléctrica entre Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, la tarifa vigente ronda los US$ 100/MWh.
También
Sí deseamos que esas muchedumbres, capaces hoy de lanzarse a las calles por su equipo, haga lo propio cuando se trate de intereses nacionales.
