De acuerdo con los datos de la plataforma, entre los años 2000 y 2023 el nivel promedio de cumplimiento de las reglas fiscales en la región fue del 68%, una cifra que pone en evidencia una tendencia preocupante: durante períodos de crisis, muchas veces se relajan o se suspenden las reglas debido a las restricciones del espacio fiscal. Esta característica altamente procíclica del cumplimiento fiscal ha sido documentada en un estudio reciente realizado por autores como Valencia y Ulloa-Suárez (2024), donde se concluye que las reglas tienden a respetarse en épocas de bonanza, pero se abandonan cuando los ingresos fiscales disminuyen o se enfrentan choques económicos.
En 2022, por ejemplo, el cumplimiento aumentó en varios países de la región, debido a condiciones económicas inesperadamente favorables y al diseño particular de las reglas de gasto. No obstante, este escenario cambió bruscamente en 2023. Para 2024, incluso países con una trayectoria sólida en términos fiscales encontraron dificultades para cumplir con sus objetivos. Algunos gobiernos recurrieron a transacciones extraordinarias o medidas puntuales con el fin de mantener, al menos en apariencia, el cumplimiento de las normas.
Esta dinámica pone en evidencia una debilidad estructural: si las reglas fiscales se ajustan a los ciclos económicos y no responden a un compromiso institucional firme, entonces su efectividad queda seriamente limitada. Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es urgente repensar el diseño de estos marcos normativos para que sean más flexibles sin perder credibilidad. Solo así podrán convertirse en instrumentos útiles para proteger la inversión pública y estimular el crecimiento, particularmente en economías emergentes donde los recursos públicos son escasos y los desafíos estructurales, persistentes.
A modo de referenciar, en Paraguay entre 2013 y 2020 se observa una correlación entre el incremento sostenido de la inversión en infraestructura de la Administración Central y el aumento del déficit fiscal, aunque también se debería considerar otros componentes del gasto como los vinculados a los servicios personales. Durante este periodo, la adquisición neta de activos no financieros pasó de aproximadamente G. 3 billones a un pico cercano a G. 9 billones, coincidiendo con déficits fiscales crecientes, especialmente desde 2019. El año 2020 marca el déficit más alto del periodo, con -6,1%, reflejo de un contexto extraordinario como la pandemia, acompañado de una inversión récord.
En los años posteriores, aunque el nivel de inversión se mantuvo elevado, se estabilizó en aproximadamente G. 8 billones, mientras que el déficit se redujo gradualmente hasta -2,9% en 2023. No obstante, el presupuesto proyectado para 2024 muestra una reducción significativa de la inversión, lo cual está alineado con la necesidad de consolidación fiscal, considerando que aún se prevé un déficit de -1,9% para el actual año y alcanzar el límite del 1,5% de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026.
Cómo diseñar reglas fiscales que favorezcan el crecimiento
Las normativas bien estructuradas no solo garantizan la sostenibilidad financiera del Estado, sino que también pueden funcionar como un escudo para la inversión pública durante los vaivenes económicos. Esto es clave para evitar recortes procíclicos que perjudiquen el crecimiento de largo plazo y para asegurar que la inversión funcione como estabilizador automático ante las crisis.
En este sentido, el BID identifica tres estrategias esenciales para que las reglas fiscales promuevan el crecimiento económico:
1. Enfocar los objetivos fiscales en balances estructurales. A diferencia de las reglas basadas en balances nominales, las que se centran en el resultado estructural permiten que los estabilizadores automáticos actúen sin necesidad de recortes abruptos. Así, se evita que una caída temporal en los ingresos fiscales afecte los planes de inversión de largo plazo.
2. Establecer cláusulas de escape claras y bien calibradas.
Estas cláusulas permiten que los gobiernos respondan con flexibilidad a eventos extraordinarios —como crisis sanitarias, desastres naturales o recesiones severas— sin comprometer la credibilidad fiscal. El desafío radica en evitar abusos y definir con precisión cuándo y cómo se activan estas excepciones.
3. Fortalecer credibilidad y aplicación de las reglas.
No basta con tener buenas reglas si no se aplican con rigurosidad. La experiencia de ALC demuestra que muchos países cuentan con marcos fiscales técnicamente sólidos pero enfrentan dificultades en la implementación. Esto puede deberse a presiones políticas, falta de transparencia o debilidad institucional.
El cumplimiento de las reglas fiscales es condición necesaria pero no suficiente para impulsar la inversión pública de calidad.
Otros componentes del gasto —como el servicio de la deuda o los compromisos sociales— pueden limitar la capacidad real de destinar recursos a proyectos productivos, incluso cuando las reglas son respetadas. Por ello, el BID insiste en que la eficiencia del gasto es tan importante como el cumplimiento fiscal.
En línea con lo anterior, un reciente análisis revela que los países que invierten de manera eficiente pueden triplicar el rendimiento económico de su inversión pública. Esto implica que, si bien respetar las reglas genera espacio fiscal, el verdadero impacto económico dependerá de cómo se utilicen esos recursos. El estudio ilustra esta diferencia: en países con alta eficiencia (percentil 75), el espacio fiscal generado se mantiene y crece en el tiempo; en contraste, en países con baja eficiencia (percentil 25), ese mismo espacio se deteriora rápidamente, con escasos beneficios a largo plazo.
Además, un entorno fiscal creíble contribuye a atraer inversión privada. Otro estudio demuestra que cada dólar adicional de inversión pública puede generar hasta US$ 1,6 en inversión privada. Esta relación de complementariedad entre los sectores público y privado puede convertirse en un motor fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo en la región.
La importancia de instituciones fiscales sólidas
Finalmente, otro factor clave para garantizar la efectividad de las reglas fiscales es contar con instituciones robustas. La experiencia internacional sugiere que los consejos fiscales independientes, el monitoreo transparente y los sistemas modernos de gestión financiera pública son elementos que refuerzan el cumplimiento y evitan desviaciones presupuestarias que socaven la inversión pública.
Sin estos componentes institucionales, los gobiernos tienden a recurrir a soluciones de corto plazo, como la contabilidad creativa o la manipulación de indicadores fiscales para aparentar cumplimiento. Esta práctica no solo debilita la sostenibilidad de las cuentas públicas, sino que también genera incertidumbre para los inversores y reduce la calidad de las políticas públicas.
Además, cuando los marcos fiscales carecen de supervisión efectiva, las inversiones públicas se vuelven más vulnerables a recortes discrecionales o decisiones políticas de corto plazo. Esto puede tener consecuencias duraderas en la calidad de la infraestructura, la provisión de servicios esenciales y la confianza de los mercados.
Para el BID, los países de América Latina y el Caribe deben transitar hacia una visión más integral del cumplimiento fiscal. Esto implica no solo respetar las reglas existentes, sino también mejorar su diseño, fortalecer las instituciones que las aplican y, sobre todo, asegurar que el gasto público sea eficiente y productivo.
Las reglas fiscales que se adaptan al ciclo económico —sin dejar de ser creíbles— pueden proteger la inversión en momentos de recesión, generar confianza entre los inversores y reducir los costos de financiamiento. A su vez, una ejecución eficiente del gasto permite que cada dólar invertido tenga un mayor impacto en el crecimiento, el empleo y la inclusión.
Así, considerar las reglas fiscales como instrumentos para promover el desarrollo, y no solo como restricciones presupuestarias puede marcar una diferencia crucial en el futuro económico de la región. La sostenibilidad fiscal y la inversión no deben ser objetivos contrapuestos, sino componentes complementarios de una estrategia de crecimiento de largo plazo.
