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No obstante, para algunos compatriotas tenidos como profesionales en el ámbito de la electricidad, es una permuta admisible de intercambio, que habilita a la binacional hidroeléctrica a vender su producción a terceros. Los alineados con esta tesis, al amparo de un discurso de sesgo académico –como mínimo– tratan de justificar un latrocinio. Es preciso señalar que si el abordaje roza con la periferia de la honestidad profesional, el principio “In dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo) es un recurso válido cuando de la defensa de los intereses de la patria se trata.
Sin embargo, no es de extrañar. Desde los albores de nuestra independencia la historia ha recogido numerosos hechos de traición a la patria. Algunos que se jugaron por la independencia nacional, en giro inesperado, conspiraron para asimilarse a Buenos Aires. Otros, formaron legiones para aliarse con la tríplice entente que convirtió en cenizas al Paraguay.
Con el paso del tiempo, ya en el siglo XX, selectos incondicionales al Gobierno negociaron en nombre del Paraguay los tratados de Itaipú y Yacyretá, para entregar casi toda la producción hidroeléctrica a los socios condóminos. Un caso inédito en la historia diplomática de la patria que forjó la prosperidad de los negociadores y que por “razones de seguridad” actuaron en contra de los intereses nacionales.
Las consecuencias están a la vista: en cuarenta años de generación ininterrumpida, el aprovechamiento –que según lo acordado debiera ser el 50 %– no acaba de superar el 7 %.
Según el ingeniero Gabino Fernández, subjefe del Departamento Técnico de la EBY, la operación derivó al Brasil, por Rincón Santa María, una media de 500 MW de potencia. Es más, las autoridades nacionales estaban desde siempre en conocimiento de lo ocurrido.
Pero sale de madre, añadido a la nula consideración del Gobierno argentino, el rechazo desde hace mucho tiempo de los “hermanos argentinos” de la solicitud de una servidumbre de paso que permita exportar a Uruguay y Chile desde la usina Acaray unos 210 MW de potencia.
Es notable la permisividad de los directivos paraguayos para ocultar las aberraciones perpetradas impunemente por nuestros socios. Ante tanta impunidad no existe protesta formal diplomática alguna.
Son la constante la falta de pagos de la EBY por territorio inundado, 150 kilómetros de infraestructura ferroviaria inutilizada y la mora por la cesión de energía.
La energía paraguaya revendida a Brasil, de acuerdo con los entendidos, redituaría hasta diez veces más que lo abonado a nuestro país.
El Congreso Nacional, aparte del Ejecutivo, tiene también responsabilidades para impedir el atropello a nuestros derechos en la entidad binacional. Es menester la adopción de una actitud más enérgica a favor del país.
Entre tanto, preocupa la insistencia del Gobierno para aprobar el acuerdo por notas reversales sobre la “cogestión” en la administración de la EBY, ya aprobado por el Congreso argentino, lesivo a los intereses de Paraguay.
Con este acuerdo se está renunciando al manejo del 50 % de las facturaciones de Yacyretá, como es ahora.
Habida cuenta de que Argentina maneja el 95 % de la energía facturada en la EBY y Paraguay solo 5 %, por el Artículo 15º de la nota reversal, nuestro país estaría abdicando a el manejo de las cuentas de la hidroeléctrica.
En cuanto a los puntos planteados en la reunión del Consejo, el pasado miércoles 7 de octubre de 2015, el consejero Diógenes Martínez, representante de la Cancillería en el Consejo de Administración, señaló que en la ocasión tuvo a su cargo la presentación de “un rosario de actos que consideramos injustos en las relaciones existentes entre Paraguay y Argentina”.
Pareciera que Diógenes, no el de Sinope, el que en su momento participó de todos los gobiernos –ora de juez, ora de fiscal general, ora de canciller, ora de ministro del Interior– despertase de un largo letargo y, en sintonía con la frase del presidente argentino general Juan Domingo Perón, como un descargo, insinuara: “Para el que duerme la siesta, amanece dos veces”.
Mientras, la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, definitivamente, queda para el próximo Gobierno argentino.
* Solo 7%
Las consecuencias están a la vista: en 40 años de generación, el aprovechamiento –que según lo acordado debiera ser el 50%– no acaba de superar el 7%.
juanantoniopozzo@gamil.com