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Los letrados remitieron una nota a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alicia Pucheta de Correa, en la que argumentan su desacuerdo con el anteproyecto de ley ya aprobado por la Comisión de Reforma Judicial.
La nota de referencia, que tiene fecha 11 de julio del corriente año y lleva la firma de Gladys Brítez, Norma Paredes y Alberto Rivas –este último presidente de la Asociación de Abogados de Itapúa–, cuestiona el anteproyecto de reforma del COJ –de unos 50 artículos– porque otorgaría a los escribamos matriculados la facultad de realizar trámites sucesorios y particiones no controvertidas con el solo patrocinio de abogado, “con el pretexto de descongestionar el trabajo de los juzgados”, señala el escrito.
De concretarse esta reforma se estarían otorgando a los escribanos prerrogativas que competen pura y exclusivamente al Poder Judicial, con lo cual se constituiría en una suerte de juez extrajudicial y a la vez parte interesada en razón de los honorarios que deberán percibir en ese carácter, situación que puede ser injusta y perniciosa para las personas no preparadas y que acudan desprovistas del asesoramiento de un profesional de su confianza, sostuvo Gladys Brítez.
Lo más grave del anteproyecto de reforma del COJ es que resulta “atentatorio contra el trabajo profesional y liberal de los abogados”, sostiene el documento que fue remitido a la Corte, con copia al senador Eduardo Petta (PEN) y el diputado Mario Cáceres (ANR).