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Mendoza Zúñiga, quien se desempeña como contralor general de la República de Chile desde 2007, estuvo en nuestro país en el marco del seminario internacional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).
Sin muchos preámbulos, la autoridad chilena asegura que en la actualidad no es un favor saber lo que hace la administración, sino un derecho. Asegura que en unos años pasará de ser “un derecho”, a “una exigencia” solicitar la fiscalización respectiva a la Contraloría.
Asimismo, menciona que el “principio apodíctico” que está siempre presente es que la mayoría de las entidades “huyen del control”.
“La pregunta sería cómo se evita la huida del control. En algunos modelos, en realidad, evitar la huida del control está en fortalecer a la Contraloría en su poder sancionatorio. Chile no tiene grandes herramientas sancionatorias, pero sí tiene grandes potestades fiscalizadoras, desde el punto de vista en que la Contraloría es la única entidad de rendición de cuentas. Somos producto de la mezcla del modelo de Westminster (modelo de la auditoría) y de modelo de control del cuentas que es el modelo de Europa continental, es más o menos lo que pasa en la mayoría de las Contralorías de la región, no conozco el caso particular de Paraguay”, especificó.
¿Sanción o fiscalización?
Respecto a este punto, el entrevistado indicó que potenciar la fiscalización es más efectivo que dar un mayor poder sancionatorio a la Contraloría General.
“Si la presencia es la huida del control, uno tiene que decidir entre fortalecer el rol jurisdiccional de la Contraloría y en ese caso le atribuyo un tremendo as potestativo-sancionatorio, lo que hace que estas entidades se confundan desde el punto de vista de su rol, porque a veces terminan siendo más sancionatorios que controladores, y eso termina siendo un dilema porque las Contralorías no necesariamente están hechas para sancionar, sino para detectar las condiciones inapropiadas del mal gasto público y contribuir a generar ambiente de mejor uso de los recursos públicos. Hay también una trampa, nosotros no somos gobierno pero nos interesa que les vaya bien al gobierno sin ser gobierno. Si eso se deja con muchas esferas potestativas y sancionatorias, a veces estamos creando un monstruo”.
Agrega: “Por otro lado, lo que nunca se debe abandonar son las facilitaciones para la autonomía de control. Dejen que las entidades de control tengan una autonomía tal que les permita decidir cuándo auditan, cómo auditan y que les faciliten todos los antecedentes para la auditoría. Esa es la regla esencial que además recoge, desde el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas como una declaración referente a las entidades de fiscalización. En esa declaración no se está diciendo denle tantas potestades que sancionen, sino que se está diciendo a todos los gobiernos a nivel mundial, denle las mayores condiciones para el ejercicio de autonomía a estas entidades en lo que se refiere a la función de auditoría”.
Sobre el hecho de que la función de la auditoría quede supeditada a decisiones jurisdiccionales, como sucede en nuestro país con más de 100 instituciones públicas –entre ellas el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado– que son auditadas por el Tribunal de Cuentas, Mendoza Zúñiga dijo que se ocasiona así un severo problema de control.
“Si esa función de auditoría queda supeditada con decisiones jurisdiccionales que hacen depender la accesibilidad o que hacen depender el plazo de esa auditoría a otras decisiones, están en una situación compleja. No soy de la opinión de que el modelo sea un as sancionatorio potente, sino de que en realidad tenemos que tener un as fiscalizador potente. La necesaria superintendencia técnica respecto a la auditoría y controles internos, y la plena y total accesibilidad a todos los documentos que conforman la cuenta y el ejercicio del gasto público. Si cualquiera de esos elementos está condicionado a decisiones de terceros, en realidad estamos con un problema severo desde el punto de vista del control”, precisó.
“Tendencia a denunciar”
Una observación interesante que proporcionó el contralor chileno es que la ciudadanía tiene una necesidad manifiesta de realizar denuncias.
“La última encuesta nacional del parámetro de transparencia arroja una cifra que es bien fuerte en Chile, debido que el 93% de las personas quieren denunciar y hacer presente su reclamo, ligado a una necesidad manifiesta que es como un grito de auxilio de querer tener confianza en el Estado, que se debilita en su estructura de confianza, que camina derechamente a la mala proyección desde el punto de vista del gasto público y ese ciudadano quiere hacer denuncia. Ahora hay un porcentaje no menor del 45% que no sabe dónde hacer la denuncia, y otro porcentaje menor que tiene miedo de hacerlo. En fin, tres cifras a manejar con cuidado”, concluyó.