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Los jueces Elio Ovelar, Gloria Hermosa y Juan Carlos Zárate, en un fallo que generó dudas y sospechas, sobre todo atendiendo la oposición y argumento del Ministerio Público, dispuso el sobreseimiento de varios portuarios mediante la extinción de la acción penal por prescripción.
Los magistrados se habrían convertido en defensores de los acusados.
Ovelar, Hermosa y Zárate señalaron que no se pueden usar en contra de los procesados los numerosos recursos promovidos y que provocaron la dilación del proceso, que terminó con la prescripción de la causa. Enfatizaron que los administradores de justicia tienen la obligación de dar respuesta “en el menor plazo posible” a los planteamientos hechos por la defensa.
Agregaron que la persecución de los hechos punibles tiene que tener un límite y mencionaron un fallo de la Sala Penal, para reforzar el argumento de la prescripción declarada.
En el caso de los portuarios, fueron los acusados los que plantearon los incidentes y no la fiscalía; por lo que los enjuiciados deberían ser sancionados con el rechazo de la prescripción.
Ovelar, Hermosa y Zárate dijeron que la culpa es de los administradores de justicia que no respondieron en el “menor plazo posible” a los planteamientos de las distintas defensas.
Los favorecidos
Los favorecidos por el tribunal de sentencia son Celso Cabrera Velázquez, Carlos Sosa Jara, Miguel Ángel Robles Ibarra, Blas Pereira Rodi, José Ramón Martínez Molinas, Édgar Efraín Serafini Silva, Carlos Villamayor, Arcenio Erico Giménez Bogado, Wladimir Antonio González Yegros, Enrique Ibarrola Aguiar y Julio Alberto Silva Fernández. Todos ellos fueron sobreseídos definitivamente por los jueces, quienes hicieron lugar a los incidentes de extinción de la acción penal por prescripción. .
Para los miembros del tribunal transcurrió el doble del plazo de la pena prevista de 3 años, para el hecho punible de soborno agravado.
Según el colegiado, pasaron 6 años y 6 meses y corresponde decretar la prescripción. A este plazo solamente descontaron el tiempo que se decretó la rebeldía, no así el tiempo transcurrido por los planteamientos dilatorios presentados por cada una de las defensas.
El proceso penal por soborno agravado a los exportuarios se inició entre los días 25, 26 y 27 de agosto y 1 de setiembre de 2008, en un procedimiento filmado por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio cuando los entonces administradores de Puertos entregaban sumas de dinero al expresidente de Puertos Albino González.
El fiscal acusador Luis Piñánez rechazó la prescripción por el transcurso del doble del plazo (6 años) para la pena prevista para el hecho punible de soborno agravado, que es de 3 años de prisión, con la cual el tribunal de sentencia favoreció a los exjefes portuarios.
“El Ministerio Público, basándose en la ‘teoría de los tiempos muertos’ –según Alberto Binder–, o el de ‘estancamiento procesal’ (Enrique Bacigalupo), que los requerimientos dilatorios planteados excesivamente en el trascurso del proceso como las recusaciones, suspensiones de audiencias y recursos con la única finalidad de dilatar el proceso, constituyen circunstancias objetivamente insuperables, que suspenden el plazo de prescripción, según el Art. 103 inc. 1° del Código Penal”, sostuvo el fiscal.
Esta semana
El director de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial, Mario Elizeche, manifestó a nuestro diario que en el transcurso de esta semana se tendrían las conclusiones de la auditoría dispuesta por la Corte.
Elizeche dijo que no podía adelantar nada con respecto al trabajo de los auditores y pidió que se aguarde la conclusión final, que se elevará a los ministros del alto tribunal.
cbenitez@abc.com.py