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En marzo pasado, el fiscal Rojas, ante las publicaciones de nuestro diario, se constituyó en el aeropuerto Silvio Pettirossi, específicamente en el lugar donde se estaba extrayendo la tierra.
Los trabajos de excavación habrían sido planeados por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), cuyo titular es Carlos José Fugarazzo, sin contar con medidas de mitigación. Se sospecha de una connivencia con la propia Secretaría del Ambiente (Seam).
El argumento para realizar estos trabajos fue la supuesta necesidad de desviar el arroyo Itay para alejarlo de la pista de aterrizaje. Sin embargo, se evadió la evaluación de impacto ambiental argumentando “defensa nacional”, que de ninguna manera se pudo aplicar en este caso.
Después de la investigación fiscal, la obra fue paralizada por orden de la misma Seam, porque supuestamente los trabajos realizados por Dinac no se ajustaron al permiso concedido. Sin embargo, documentos que obran en la fiscalía y declaraciones testificales de los involucrados revelan la connivencia entre ambas instituciones, cuyos responsables hasta ahora no fueron imputados pese a elementos de sospechas.
Según fuentes, habría presiones políticas para que el fiscal Rojas no haga imputaciones en el caso investigado.
Hay que tener en cuenta que fiscal adjunto de la Fiscalía del Ambiente, Jorge Sosa, es de extracción liberal, al igual que varios de los presuntos involucrados en el hecho indagado.
El fiscal Rojas, en declaraciones a nuestro diario aseguró que no recibe ninguna presión. Insistimos en por qué hasta el momento no hubo un solo imputado, teniendo en manos todas las pruebas sobre el delito ambiental, y respondió que con cada declaración testifical surgen nuevos datos y que la idea es tener todos los elementos.
Cuando se le reiteró sobre si no hay cuestiones políticas de por medio que estén perjudicando la investigación, respondió que no. Alegó que aún no hay imputaciones porque la fiscalía quiere cerrar el círculo de la investigación, ya que además de delito ambiental, en este caso también podrían configurarse otros hechos punibles.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron que el fiscal adjunto estaría vinculado a Daniel González, director de Recursos Hídricos de la Seam y uno de los supuestos principales involucrados en el caso.
Sin embargo, también en declaraciones a ABC, Sosa dijo que nada tiene que ver en el hecho de que el fiscal Rojas no haya imputado. Refirió que se tiene que preguntar a su inferior, porque no adoptó ninguna determinación al respecto.
Empero, existen suficientes indicios para presumir que se está dilatando la imputación y eso compete tanto a Rojas como a su superior, Sosa, que tendría que revisar la actuación de su inferior.
Incluso, si existe necesidad debería intervenir el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, atendiendo que las sospechas generadas desacreditan al Ministerio Público, que una vez más se estaría prestando a intereses políticos.
Declaración
Daniel González afirmó a nuestro diario que la Secretaría del Ambiente (Seam) en ningún momento otorgó un permiso para realizar las obras cuestionadas.
Según lo manifestado, lo que se hizo a través de la Dirección de Control de Calidad Ambiental de Seam, que a su vez se basó en un dictamen de la Asesoría Jurídica, fue eximir a la Dinac de efectuar una evaluación de impacto ambiental para la construcción de un canal de desagüe perimétrico de la pista de aterrizaje, apelando al Art. 9 de la Ley 294/93, que otorga esta excepción cuando se trata de una cuestión de defensa nacional.
La interpretación que dio la Dirección Jurídica, agregó, fue que teniendo en cuenta que la pista es utilizada por la Fuerza Aérea y que esto constituye una cuestión de defensa nacional, “se podría enmarcar en el citado Art. 9 de la Ley 294. La expresión defensa nacional es muy amplia”, manifestó el funcionario.
No obstante, el director de Recursos Hídricos aclaró que en ningún sentido la Seam otorgó tal eximición para el desvío del arroyo Itay ni las excavaciones a las que procedió la Dinac a través de una empresa contratista del MOPC. “El canal perimétrico es todo lo que está al borde de la pista. Lo que está más allá evidentemente no tiene nada que ver con la eximición. Y eso ya es responsabilidad del que está ejecutando”, enfatizó González.
Luego de las publicaciones de ABC, la Dinac había enviado una copia de la nota Seam Nº 735/13, por la que Osnaghi le comunica la ya referida eximición para “un canal perimétrico a ser construido en el predio del aeropuerto”, como efectivamente se le había solicitado en dos notas anteriores. Al respecto, la Seam dice ahora que esa autorización era limitada.
La Dinac había enviado también a la Seam copia de su Resolución 1187/12, en la que se habla de construir un canal para desviar el Itay, con un ancho de 20 m y una profundidad de 5 m. Por lo que se ve, hay muchas cosas por aclarar en este asunto. Por ahora surge que fue la Dinac la que pasó gato por liebre, pero tampoco se puede descartar aún la responsabilidad de la Seam.
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) solo tenía eximición de la evaluación de impacto ambiental para la construcción de canales de desagüe alrededor de la pista de aterrizaje del Silvio Pettirossi, pero no para las enormes excavaciones hechas. Así declararon el director de Recursos Hídricos de la Seam, Daniel González, y el ministro del Ambiente, Heriberto Osnaghi, quienes prestaron testifical ante el fiscal ambiental Carlos Rojas, quien llamativamente hasta ahora no imputó a nadie.
Pese la gravedad del daño causado al medio ambiente, la fiscalía no solicitó el procesamiento de ninguno de los presuntos involucrados. Todo queda en puro discurso.
cbenitez@abc.com.py