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El juez penal de garantías Rubén Riquelme, en una audiencia preliminar, decidió elevar a juicio oral y público el caso en el que están acusados Luis Aguayo y Antonio Gayoso (dirigentes de la MCNOC), César Agustín González, María Esther Leiva de Ruiz, Luis Gilberto Ruiz y Ronald Hernán Guerrero.
El caso se inició en el año 2011, cuando el presidente del Indert de ese entonces, Marciano Barreto Leiva, firmó varios convenios con organizaciones campesinas y otras sin fines de lucro, en los que había un compromiso para ayudar a ejecutar proyectos de “Apoyo a la agricultura familiar en materia de seguridad alimentaria”, para lo cual se les transfirieron recursos financieros.
La MCNOC recibió del Indert la suma de G. 703.760.000, para ejecutar un proyecto de miniindustria y uno productivo. Los que recibieron ese monto fueron Luis Aguayo y Antonio Gayoso, y eran los encargados de repartir en dinero.
La fiscala Nadine Portillo imputó a los dos dirigentes de la MCNOC como los responsables del desvío del dinero y los acusó por lesión de confianza.
Los dirigentes campesinos apelaron la elevación a juicio oral, ya que en la audiencia preliminar la defensa de ambos pidió el sobreseimiento definitivo, pero eso fue rechazado.
Proyectos
En su acusación, la fiscala Nadine Portillo señala que el 29 de agosto del 2011 el Indert celebró un convenio con la MCNOC, representada por Luis Aguayo y Antonio Gayoso, en su calidad de secretario general y secretario de finanzas; en el marco del proyecto “Apoyo a la Agricultura Familiar en Materia de Seguridad Alimentaria”.
En este marco la organización campesina debía ejecutar dos tipos de proyectos: “Proyecto de Miniindustria” y “Proyecto Productivo”, en un lapso de 3 meses posterior a la firma del convenio. Para tal efecto el Indert transfirió a la MCNOC G. 1.000.000.000.
Sin embargo, ambos proyectos finalmente carecieron de la envergadura técnica necesaria para ser considerados como tales, por constituir simples listados de insumos con breves explicaciones de uso sin ahondamientos ni detalles suficientes, señala en su acusación la fiscala Portillo.
No se hace un detalle de a quiénes se destinaron los supuestos “trabajos técnicos”. Los miembros de los comités son gente sencilla, que en algunos casos ni siquiera saben leer o escribir, mientras que en otros casos redactan con suma dificultad, letra por letra, su propio nombre (tal como puede verificarse en las actas de constitución fiscal realizadas en los asentamientos supuestamente beneficiados), razón por la cual carecen de los conocimientos necesarios para evaluar los trabajos que les fueron propuestos como proyectos, dice la acusación.
Es por eso que el Ministerio Público habla de que se cometió lesión de confianza, ya que los recibos y documentos arrimados por la defensa de los líderes campesinos no son válidos. Lo mismo se dio con el proyecto de apoyo a la agricultura familiar, donde se esfumó el dinero.
No al sobreseimiento
La defensa de Luis Aguayo y Antonio Gayoso fundó el pedido de sobreseimiento en la no participación en la distribución de los fondos en la cuenta que ellos administraban. La fiscalía dice que los acusados tendrían una conducta de cómplices al no direccionar totalmente y no cumplir con la remisión o distribución de fondos.
Habla de persecución
El líder campesino Luis Aguayo, quien está por Asunción en busca de la condonación de deudas a campesinos, estuvo por tribunales y dijo ser víctima de una persecución política, pero no pudo rebatir la acusación que pesa sobre él por un millonario faltante de dinero que tenía que llegar a familias campesinas que estaban en varios proyectos.
victor.franco@abc.com.py