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Toda la ciudadanía se vio sobresaltada el miércoles último cuando pistoleros de la mafia acribillaron con ráfagas de ametralladora una camioneta, en el residencial barrio Madame Lynch de la capital, y le volaron la cabeza a un niño de apenas cinco años, hecho que luego obligó a su padre, Willian Giménez Bernal, de 28 años, el blanco del ataque, a quitarse la vida con otro tiro en la sien.
Esto conmovió a todos, pero solo porque esta vez ocurrió en Asunción, a la vista de muchos, y se generó una tremenda reacción ciudadana que obligó a la Policía a poner a sus mejores hombres para investigar el caso.
Por su parte, el ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, antes que aclarar lo ocurrido se limitó a atacar a la oposición, cuyos miembros tampoco salieron con mucha fuerza a exigir al Estado la exterminación de las organizaciones criminales que lucran con el narcotráfico.
En el marco de esta tremenda hipocresía en la que nos desenvolvemos, no podemos dejar de pensar que los criminales que el miércoles acabaron con la vida de ese inocente de cinco años serían los mismos que se encargaban de recoger el dinero producto de las operaciones ilegales, que luego era destinado al pago de favores y solventar campañas políticas de los diferentes grupos de poder, tanto de la oposición como del oficialismo.
Ese mismo dinero manchado de sangre es el que los políticos de ambos lados usan para aferrarse a sus cargos.
De no ser así, hace rato ya se habría creado una dependencia, oficina o secretaría que controle el origen del dinero utilizado para la financiación de las campañas electorales.
Para muestra basta un botón. El 5 de marzo del 2013 el suboficial primero de la Policía Águedo Ronaldo Lezcano, hermano del diputado colorado por Amambay Marcial Lezcano, fue detenido en Capiatá con un cargamento de dos litros de cocaína líquida. Sin mucho titubeo, el fiscal José Luis Casaccia concedió un sobreseimiento provisional al narcopolicía y la magistrada de Capiatá, Norma Salomón, dio vía libre al pedido. De esta forma, Águedo Lezcano recuperó su libertad en menos de seis meses.
Votación
A raíz de esto, la Corte suspendió y procesó a Casaccia y a Salomón, pero unos años después estos fueron blanqueados y quedaron impunes en una votación en mayoría de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), encabezados por el liberal Eusebio Alvarenga y los colorados Óscar González Daher y Óscar Tuma. Apoyaron la moción el representante de Avanza País, Adolfo Ferreiro, y la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro.
En tanto que Cristian Kriskovich y Adrián Salas pidieron el apercibimiento de la jueza Norma Salomón y la remoción de Casaccia. Por su parte, el ministro José Torres Kirmser no votó por estar ausente en la vergonzosa sesión, según informaron.
brlopez@abc.com.py