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“Tenemos pruebas con absoluta seguridad. Son una acumulación de pruebas que están siendo trabajadas por un equipo jurídico para cumplir con todas las formalidades. En unos días podremos mostrar públicamente la cadena total de vinculados y una cronología concreta de sucesos”, había dicho el diputado Ramón Romero Roa con respecto a su denuncia pública sobre pedidos de coimas para obtener resultados de exámenes para el registro notarial en el Poder Judicial.
En su denuncia pública el parlamentario fue más allá incluso y dio cifras de lo que supuestamente se estaba pidiendo. El primero dijo que se hace una “seña” de G. 50 millones, como entrega inicial, pero que el monto final de lo que se paga llega incluso a los US$ 200.000 en total.
“La persona paga, rinde y después cuando reclama apoyo se le dice que él no aportó su parte porque no hizo una parte de los puntajes para que se le pueda apoyar y ahí manifiestan que no se pueden obtener con anterioridad los resultados del examen. Es un engaño, se les promete ayuda y después ya no atienden los reclamos”, refirió Romero Roa sobre la supuesta la forma en que se opera.
Cuando salió a luz esto a mediados de mayo pasado la misma Corte emitió un comunicado de apoyo a los miembros del tribunal examinador y también desmentían cualquier tipo de presión o pedido de dinero. Asimismo la ministra Miryam Peña a título personal redactó un escrito en el que no solo se defendía de las acusaciones del político colorado, sino que pedía las pruebas y que no quede todo en un chusmerío.
El mismo doctor Óscar Bajac se plantó ante la denuncia y también dio a conocer un comunicado en que decía que nada tenía que ver con cuestiones “torcidas”, sin embargo, dos semanas después el ministro renunció al tribunal examinador.
La renuncia del doctor Bajac dio pie a que lo señalado por el diputado Romero Roa cobre fuerza y se sospeche que el político tenía efectivamente pruebas del pago de coimas. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales se dijo que el ministro se alejaba del tema para evitar cualquier conflicto.
Hasta el momento el diputado cartista no presentó las pruebas que dijo tener y tampoco denunció el hecho ante la justicia.
“El caso de la denuncia contra el doctor Bajac, ya pasó y estamos esperando que el diputado presente la denuncia como dijo”, señaló el ministro José Raúl Torres Kirmser el viernes pasado cuando se iniciaron los trámites para la elaboración de los exámenes.
La actitud del doctor Bajac deja abierta la ventana para pensar que efectivamente tuvo miedo de que el diputado Romero Roa tenga pruebas que lo involucren con algún hecho de corrupción o definitivamente no tuvo la intención que lo referido por el parlamentario manche de alguna manera el proceso del concurso de oposición y directamente decidió “abrirse” de la mesa elaboradora de los temas. Ninguna de las dos opciones por el momento se pudo comprobar.
Desempate
En la mañana del viernes el Tribunal Examinador encargado de tomar el examen a los aspirantes al cargo de notario público se reunió para seleccionar los temas y elaborar el material a ser entregado a los inscriptos al 14º Concurso de Oposición para Escribanos Públicos.
Para la prueba se presentaron 936 postulantes, para tratar de llegar a ocupar uno de los 66 cargos vacantes. Finalizadas las pruebas en horas de la noche se dio a conocer la lista de los que alcanzaron el puntaje mínimo a través de la página web del Poder Judicial. Un total de 53 aspirantes aseguraron sus cupos tras pasar con éxito el examen, mientras que las otras 13 plazas el Tribunal Examinador decidirá entre 17 postulantes que hicieron 42 puntos y para ello tendrá en cuenta los méritos académicos.
Denuncia contra Blanco, “cajoneada”
La amenaza de denunciar al ministro de la Corte Suprema de Justicia Óscar Bajac, de parte del diputado Colorado Ramón Romero Roa, podría incluso llegar a los estrados judiciales, pero nadie asegura que corra la investigación y lo más probable es que sea “cajoneada”, tal como se dio en el caso otro ministro de Corte, como Sindulfo Blanco y el también exministro Víctor Núñez, cuyas imputaciones, y en el caso de Blanco pedido de desafuero, duermen el sueño de los justos.
Este caso se inició el 15 de diciembre de 2014 cuando se presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos contra Blanco y Núñez, por un hecho de supuesto prevaricato, en el que ambos incurrieron.
Tuvieron que pasar dos años para que se impute a Blanco y fue el 24 de abril de 2016 cuando los fiscales René Fernández, José Dos Santos y Luis Piñánez presentaron el escrito contra el ministro Blanco, al mismo tiempo de pedir al juez Gustavo Amarilla el desafuero del imputado, para que pueda afrontar el proceso penal. Por entonces Víctor Núñez ya había renunciado a la Corte, pero igual ya estaba bajo proceso.
Desde entonces pasó poco más de un año y no se progresó en la investigación del caso. El “cajoneo” en el que cayó el expediente dejó un hecho grave en el olvido.
Tal vez si se vuelve a denunciar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia el caso corra por las mismas cuerdas que el de Blanco, por eso se entiende que el diputado Romero Roa solo se quedó en la amenaza de decir que tenía las pruebas contra Bajac y que las iba a presentar ante la justicia para que se investigue.
Sin embargo, el simple hecho del “cháke” ya surtió el efecto que deseaba el diputado, que era apartar al ministro Óscar Bajac del tribunal examinador. Al parecer con eso el diputado cartista ya está conforme y no materializará su denuncia penal contra el ministro, tal como lo había señalado.
Sin embargo, el concurso de oposición se realizó en la tarde y noche del pasado viernes para los 936 postulantes y se siguió el mismo protocolo que se venía realizando desde hace 14 años, solo que esta vez sin la presencia del ministro Óscar Bajac.
victor.franco@abc.com.py