La corrupción en la frontera no termina, solo se renueva

El hallazgo de las últimas listas de coimas pagadas por narcos a las autoridades de Canindeyú no es una novedad. De hecho, no fue la primera vez ni tampoco será la última. La corrupción está tan enraizada en la frontera que, de seguro, los nuevos agentes que vayan terminarán sumidos en el sistema.

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El viernes último, la Fiscalía revisó en el predio de la Senad de Chaco’i algunos de los 16 vehículos que fueron incautados el 1 de agosto pasado en los cinco allanamientos que se hicieron en Salto del Guairá, en los que además cayeron 16 toneladas de marihuana prensada y ocho miembros de una red que traficaba la droga en lanchas rápidas que cruzaban el río Paraná.

Los principales detenidos en aquella megaoperación fueron los supuestos financistas Flaviano Giménez y su hijo Flavio Junior Giménez Spaini, cuya casa y estancia fueron intervenidas, así como los supuestos jefes logísticos y de envío, el exsuboficial de la Marina Jorge Daniel Zorrilla Vera y el exsuboficial de la Policía Miguel Ángel Torres Ramírez. Estos fueron detenidos en el local de la transportadora denominada “Comando”, perteneciente a Zorrilla y donde estaba guardada la colosal carga de marihuana. El establecimiento funciona detrás del predio de la Aduana, Detave y Puertos de Salto del Guairá, a 450 metros del puerto de balsas sobre el río Paraná.

Otro arresto clave fue el de Wilson Gauto Campuzano, asistente fiscal de la Unidad Antidrogas de Salto del Guairá, quien supuestamente revelaba a los narcos todas las investigaciones llevadas a cabo en la zona, a cambio de un soborno mensual y por cada carga vendida.

Sin embargo, la estructura no pudo ser desarticulada completamente, ya que dos integrantes considerados clave, los mellizos Wilson Darío Cáceres González y Wilson Rubén Cáceres González, lograron eludir la serie de intervenciones al escapar momentos antes de la irrupción de los antidrogas en la transportadora “Comando”.

En su afán de escapar, los mellizos tuvieron que dejar el coche en el que se movilizaban, un Mini Cooper rojo, que fue uno de los rodados abiertos el viernes último en Chaco’i y dentro del cual los investigadores encontraron una nueva lista de pagos de coimas. Esta última nómina de sobornos, incluso, es más detallada que la primera que fue encontrada nueve días antes en Salto del Guairá.

Las anotaciones detallan los pagos fijos que se hacían mensualmente, en guaraníes y en dólares, así como los montos que los traficantes debían dejar en cada puesto policial que funciona en la ruta de la marihuana.

No sorprende 

Estos reveladores escritos hubiesen sorprendido más de lo que hicieron si es que fueran inéditos, es decir, si fuera la primera vez que se encuentran. Pero no, no fue la primera vez, y seguramente tampoco será la última.

Resulta que hace solo dos años una agenda similar ya había sido confiscada luego de la interceptación de un camión que pretendía llegar a Salto del Guairá con 20 toneladas de marihuana prensada.

El camión fue alteado en la noche del 8 de julio de 2016, sobre la Ruta 10, por policías de la comisaría de Katueté, quienes se enfrentaron a tiros contra los traficantes, que en teoría debían tener “tránsito libre”.

El entonces fiscal antidrogas de la región, Lorenzo Lezcano (exministro de Interior y actual ministro de Inteligencia), allanó posteriormente la casa del responsable del envío frustrado de drogas, Benicio Silva, un expolicía que ya había caído con una carga de marihuana en 2009.

Obviamente, el expolicía ya no fue encontrado en su casa, pero olvidó algo mucho más importante: las anotaciones de los sobornos que daba a la Policía, puesto por puesto.

Sigue la misma tarifa 

La “contabilidad” de los narcos permitió comprobar que la tarifa de sobornos por lo menos no ha subido, ya que los policías de Canindeyú siguen cobrando entre G. 1 millón y G. 5 millones por cada carga que dejan pasar. 

La misma Senad también acapara siempre los sobornos, tanto en las lista de hace dos años como en estas dos últimas halladas.

Hasta los pagos fijos en dólares se mantienen iguales. La moneda americana solo alcanza a los máximos jefes policiales de turno, aunque hay otros, como los funcionarios de Aduana, Detave y Puertos de Salto del Guairá, que supuestamente cobran desde 100 dólares por semana para no revisar las cargas embarcadas en el río Paraná.

Seguramente, tras este último escándalo, los nuevos policías que vayan a Canindeyú van a exigir un incremento en la tarifa de sobornos, por la “exposición” que adquirió este último suceso.

Mientras tanto, los narcos van a seguir trabajando impunes, porque sus cómplices ni siquiera fueron castigados, excepto con un simple traslado, que al final no es otra cosa más que un encubrimiento de sus superiores.

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