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En el caso del exfiscal Gustavo Gamba, las recusaciones están a la orden del día y han afectado a jueces de primera y segunda instancias. No se sabe a cuántas se han presentado, pero a partir de la primera fecha fijada para el juicio oral y público, el 19 de diciembre del 2011, ya se han integrado cuatro tribunales para tratar de realizar la audiencia, sin éxito.
El primero lo integraron los jueces Wilfrido Peralta, Víctor Medina y Lici Sánchez. Posteriormente se hicieron cargo de la causa Miguel Bernardes, Arnaldo Fleitas y Elsa García. El tercer colegiado estuvo conformado por Lizza Battilana, Lourdes Sanabria y Rosarito Montanía, y el actual está a cargo de Sonia Villalba, Rosarito Montaría y Juan Carlos Zárate.
Tras la primera audiencia frustrada, se realizaron convocatorias para los días 12, 15, 19 y 26 de marzo del 2012; 5 de agosto del 2013, 4 de febrero y 12 de mayo del 2014 y la última, para el 22 de abril pasado.
Días antes de esta última ocasión, tanto Gamba como el coacusado Enmanuel Portillo fueron amonestados a raíz de distintos recursos planteados para posponer la diligencia. Ante la determinación del colegiado, Portillo recusó a los magistrados, cuestión que deberá ser estudiada por la Cámara de Apelación, una vez resueltas las recusaciones contra sus integrantes.
Casación pendiente
El otro motivo por el cual Portillo los recusó es porque el tribunal rechazó un incidente de suspensión de la audiencia pública que propuso, en espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia con respecto al recurso de casación que presentó, a través del cual plantea la extinción de la causa.
Recientemente, el Tribunal de Apelación, 4ª sala, destrabó el proceso, al rechazar la recusación del exfiscal contra las juezas Lourdes Sanabria y Rosarito Montanía. La Cámara descartó además la extinción de la causa.
Sin embargo, de seguir en las condiciones actuales, poco o nada dichas resoluciones incidirán en el desenlace de la causa, al parecer destinada al oparei por la vía de la prescripción.
Prescripción, en junio
El fiscal de la causa, René Fernández, confirmó que si para junio la causa no cuenta con sentencia firme y ejecutoriada, operará la prescripción, por cumplimiento del doble del plazo de la sanción prevista para cohecho pasivo, cuya expectativa de pena es de 3 años de prisión.
“El escenario que tenemos es que en junio de este año se cumplen seis años de la iniciación de la causa y los planteamientos presentados por la defensa apuntan a la prescripción de acción”, explicó el fiscal René Fernández. Fernández ya perdió la cuenta de cuántas veces se postergó el juicio a causa de los múltiples recursos desplegados por la defensa con evidente fin dilatorio, entre ellos recusaciones varias.
El fiscal anticorrupción lamentó que las autoridades no hayan tomado las medidas disciplinarias necesarias para evitar esta situación, pese a los reiterados pedidos que realizó.
“Todas las veces nosotros pedimos sanción porque son recursos dilatorios que en su totalidad fueron rechazados. En ningún caso se hizo lugar a estos planteamientos, ni a los incidentes ni a las recusaciones y sin embargo no se tomó ninguna medida disciplinaria. El tribunal presidido por Liza Battilana remitió los antecedentes a la Superintendencia, pero ni en su momento ni ahora, lastimosamente, se ejercieron las facultades disciplinarias para reencauzar el procedimiento e impedir el ejercicio abusivo del derecho”, dijo.
El exfiscal Gamba fue acusado en diciembre de 2009, junto con el abogado Enmanuel Portillo, por un pedido de coima de US$ 120.000 al exdirector de Itaipú y exsenador colorado Víctor Bernal, para desvincularlo de un proceso penal.
Hay juicios fijados hasta diciembre del 2016
El coordinador de la oficina de juicios orales de Asunción, abogado Carlos Enciso, reveló que el calendario de juicios orales está repleto hasta diciembre del año próximo. En estas condiciones, la suspensión de los juicios, por el motivo que fuere, ocasiona un serio desbarajuste en la programación de las audiencias.
“El sistema informático lo que hace es el juez de garantías cuando eleva la causa a juicio oral, remite físicamente el expediente y electrónicamente a la bandeja de entrada del juez que sale sorteado para realizar el juicio oral”, indicó.
El funcionario aclaró que la oficina a su cargo no realiza sorteos de tribunales ni establece fechas de juicio, sino que se ocupa netamente de la distribución de salas y del soporte necesario para su realización, así como de la elaboración de un detallado informe acerca de las audiencias realizadas a diario.
Hora de inicio y finalización, miembros del Tribunal de Sentencia a cargo, magistrado designado para ejercer la presidencia, resultado del juicio y en caso de suspensión, los motivos, son algunos de los datos recabados por los funcionarios. Las causas que concluyen por prescripción y extinción también son consignadas en los registros y cabe a las autoridades pedir el expediente para determinar los motivos por los cuales llegó a ese extremo e identificar a los responsables de dicha situación.
“El presidente del tribunal de sentencia que recibe el expediente es el que hace el control, su actuaria hace un informe sobre el estado de la causa y con base en eso, el juez puede confirmar la fecha propuesta por el sistema o modificar la fecha. Puede adelantar si la causa está próxima a extinguir, es una potestad del juez fijar fecha según cada caso. También es posible realizar juicio oral en el horario de la tarde, de hecho los tribunales de la capital cuando tienen causas con muchos testigos o complicadas, hacen juicios en horas de la tarde”, indicó.
Dificultades
Respecto a la instrucción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, de que se inicien los juicios a las 07:00, Enciso explicó que no fue posible implementar dicha disposición. El coordinador comentó que se fijaron algunos juicios en el referido horario, pero la inasistencia de las partes impidió poner en práctica la medida.
Otra dificultad con la que tropiezan es la llegada tardía de los acusados que se encuentran en prisión, debido a que el móvil del Ministerio de Justicia utilizado por el traslado de reclusos llega recién a partir de las 08:30.
Enciso dijo que los funcionarios penitenciarios alegan que por motivos de seguridad, no pueden ingresar demasiado temprano a los pabellones.
Auditorías están en trámite
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia remitió recientemente a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial los antecedentes de la causa abierta al suboficial de policía Narciso Cañete por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas.
Familiares denunciaron que el proceso, iniciado tras la lesión sufrida por Anderson Medina por los disparos realizados por el agente contra el vehículo en que se desplazaba el 1 de julio de 2012, se extingue en agosto próximo, pero el tribunal presidido por Blas Francisco Cabriza fijó el juicio para el 20 de setiembre de 2016.
En el proceso por torturas al exministro del Interior Walter Bower, que en mayo cumple 15 años sin haber podido realizarse aún la audiencia preliminar; la causa por soborno a 11 portuarios, recientemente sobreseídos por prescripción de la causa y el proceso por estafa y conducta indebida en situación de crisis a los exdirectivos de Paraguay Express, cuyo juicio sigue pendiente de realización, son las demás causas que son objeto de auditoría.
Paralelamente, la Dirección de Auditoría de Gestión lleva a cabo una auditoría en todos los juzgados en las áreas civil y comercial y penal (garantías y liquidación y sentencia) con el fin de identificar las causas de la mora judicial.
El 2 de marzo pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia realizó un sorpresivo recorrido por varios juzgados en lo civil y comercial.
En los días posteriores hizo lo propio en los juzgados penales de garantías y de liquidación y sentencia, ocasión en que indagó sobre los trabajos realizados y consultó a los profesionales acerca de la atención recibida.
En la oportunidad, Fretes anunció sanciones por llegadas tardías y ordenó la constitución de auditores en todos los juzgados para verificar la situación de las causas.
En reunión con los magistrados, el presidente de la Corte los exhortó a iniciar los juicios a las 7:00, evitar la suspensión innecesaria de audiencias y sancionar a los abogados responsables de la dilación de los procesos. La suspensión de audiencias es uno de los principales problemas en lo penal, mientras que en lo civil hay muchas quejas por la falta de impulso de los juicios.
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