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Las fiscales solicitaron a la justicia la prohibición de salida del país de la imputada ujier Elisa Monserrat Cibils Barrios y de las oficiales de justicia Corazón Villalba Cabrera y Ana González Ledesma; además de la presentación de una caución real adecuada, como también que se les prohíba acercarse al Juzgado de Paz.
Los antecedentes del caso revelan que la docente Rosa Beatriz Amarilla Jacquet denunció que en diciembre de 2013 fue demandada por el abogado Rolando Salinas (imputado por la fiscalía en otro caso) con base en un pagaré por la suma de G. 4.140.000, con fecha 30 de agosto de 2013, de vencimiento al 31 de octubre del mismo año, emitido por la denunciante, con domicilio en Montevideo N° 571 de Asunción, y una firma ilegible atribuida a la misma.
Según la carpeta fiscal la imputada Elisa Cibils Barrios declaró que el 29 de enero de 2014, a las 17:00, estuvo en la dirección indicada para notificar a Rosa Amarilla, y, como no se encontraba nadie procedió a dejar el duplicado de la cédula de notificación adherido a la puerta.
Por su parte, la imputada Corazón Villalba declaró que entregó la intimación de pago y embargo ejecutivo en la misma dirección.
La profesora Amarilla manifestó que su domicilio real era en Florida casi Ruta I, departamento de Santa Rosa, en la ciudad de Misiones, y que no recibió cédula de notificación alguna relacionada al citado juicio civil.
La Fiscalía tomó conocimiento de que el domicilio señalado en Montevideo N° 571 correspondía a la Dirección de Administración de Sueldos y Beneficios del MEC, y que por circular N° 05/14 la citada Dirección comunicó que las notificaciones o cédulas de notificaciones de juicios no serán recepcionadas en ningún caso en dicha dependencia.
Por otra parte, en setiembre de 2014, la abogada Mercedes Martínez Galeano inició una demanda contra la profesora Rosa Beatriz Amarilla Jacquet ante el Juzgado de Paz de La Encarnación por la suma de G. 6.950.000 y usó la misma dirección (Montevideo N° 571) como atribuida a la docente.
La ujier Elisa Cibils y la oficial de justicia Ana González Ledesma reiteraron que dejaron toda la documentación judicial en la dirección señalada, a lo que la docente reiteró que esa no era la que correspondía a su residencia particular.
La funcionaria administrativa de la Dirección de Sueldos y Beneficios del MEC Treisi Paola Núñez González declaró ante la fiscalía que ella era la única autorizada para recibir los oficios judiciales, y que en caso de que se presentase un oficial de justicia con una intimación de pago y que la quisiera entregar, no iba a ser recibida de ninguna manera, porque existía una prohibición anterior expresa.
Un informe del Laboratorio Forense del Ministerio Público reveló que la estafa a los docentes llega hasta ahora a G. 10.726.729.650. Se arribó a esta conclusión con base en los cheques con cargo del BNF emitidos a la orden de los abogados Mercedes Martínez y Rolando Salinas.
También están imputados por estafa Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara, propietarios de la firma Marité SA, y Juan Santacruz, quien aparece como propietario de la empresa Muñequita, según los antecedentes del caso investigado por las fiscalas Sosa y Ledesma.
Prejudicialidad
La Cámara de Apelaciones integrada por los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Antonia López de Gómez tiene que resolver si confirman o anulan una criticada resolución del juez Julián López. El magistrado había hecho lugar a un incidente de prejudicialidad a Ana González Ledesma, procesada por producción inmediata y mediata de documentos públicos de contenido falso, en la investigación por estafa a numerosos docentes.
El Ministerio Público había recurrido ante el Tribunal de Apelación para rever el fallo dictado por el magistrado López. En su escrito, las fiscales que apelaron la decisión de primera instancia señalaron que la misma no tiene fundamento y que tiene que ser anulada.
La decisión está en manos de los camaristas Servín, Lovera Cañete y López de Gómez.
En los otros procesos, también por estafa a docentes, y a cargo de otros magistrados los encausados solicitaron la prejudicialidad, que tiene por objeto dilatar los casos.
cbenitez@abc.com.py