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Ante las auditorías realizadas en los juzgados de garantías, para establecer cuáles son las causas de la dilación de las audiencias preliminares, los jueces se reunieron con la presidenta de la Corte, a quien manifestaron sus inquietudes.
La doctora Pucheta no quiso saber nada de las excusas expuestas por los magistrados, para no sancionar a los abogados chicaneros. “Vayan a trabajar, nadie les obliga a estar en el cargo. Todos saben cuáles son sus deberes”, fueron las expresiones de la titular de la máxima instancia judicial, según indicaron fuentes judiciales.
La mayoría de los jueces de garantías tienen la postura de que el Consejo de Superintendencia de la Corte es la que tiene que sancionar a los letrados. Alegan que lo que pueden hacer es remitir los antecedentes de los que ejercen abusivamente el derecho al referido Consejo.
Sin embargo, la ley y una acordada del alto tribunal les faculta a tomar sanciones disciplinarias con respecto a las partes en el juicio.
La Corte, en abril del año pasado, aprobó la Acordada N° 961, por la cual se modificó el reglamento que regula el Sistema Disciplinario del Poder Judicial.
“Los jueces o tribunales deberán sancionar a los auxiliares de justicia cuando los declare litigante de mala fe o declare que han ejercido abusivamente el derecho o que han litigado con temeridad. La sanción a estas faltas consideradas graves se aplicará no solo al responsable, sino también al que lo ayudó a cometer”, señala una parte de la referida acordada.
Agrega: Se consideran faltas graves de abogados y procuradores: a) participar de procesos en que su representado haya pedido más de tres incidentes y planteado otro que haya sido rechazado, incluidos los de recusación; b) promover en el mismo expediente más de tres incidentes, incluidos los de recusación, rechazados con costas; c) ocasionar inhibiciones por causa de enemistad, formulación de denuncia, promoción de querella o demanda, de más de un magistrado, en el mismo proceso; i) recusar al magistrado interviniente en la primera intervención en la causa existiendo representantes convencionales y con personería reconocida anteriormente en la misma causa.
Los magistrados que no apliquen lo dispuesto en la acordada también serán sancionados por la Corte, incluso con la suspensión. Para ello se tendrá la intervención de la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, habían dispuesto los ministros de la máxima instancia judicial.
Sin embargo, esta medida de la Corte jamás se cumplió, atendiendo que casi un año después ni un solo magistrado siquiera fue auditado, pese a que la suspensión de las audiencias preliminares es el pan de cada día en los tribunales, en su mayoría gracias a las chicanas de los defensores.
Esto incluso fue ratificado por una reciente auditoría que reveló que más del 20 por ciento de casi 1.300 preliminares suspendidas se trabaron por ejercicio abusivo del derecho por los defensores particulares de los abogados.
Los resultados de este trabajo fueron expuestos en una conferencia de prensa por el director de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Mario Elizeche.
Ante estos datos contundentes, se espera que la nueva presidenta de la Corte y los miembros de dicho cuerpo colegiado auditen los expedientes en los cuales están procesados legisladores, exministros y exdirectores de entes acusados por corrupción, ya que en estos casos es donde más se suspenden las audiencias.
La mayoría de los magistrados ignoran la acordada de la Corte, pese a que la misma considera este hecho como una falta grave.
La postura adoptada por la doctora Pucheta es plausible, porque al parecer solo sancionando se puede reducir el alto número de audiencias suspendidas. Además, lo que quiere la ministra es simplemente hacer cumplir lo que ellas y sus demás colegas del alto tribunal aprobaron para hacer frente a la morosidad.
El artículo 16 de la mencionada acordada dice: Faltas graves. Serán faltas graves de los magistrados las siguientes:
j) La omisión de los deberes impuestos en el artículo 4 de esta acordada; que a su vez hace referencia a la aplicación de sanciones a los letrados chicaneros.
En casi un año de entrada en vigencia de la Acordada no hay un solo juez sumariado por incumplimiento de la misma, pese a que es evidente que dicha disposición es ignorada por los magistrados de garantías.
La dilación de la audiencia preliminar es propiciada por los procesados, ya que en la misma el magistrado debe resolver si envía o no la causa a juicio oral y público.
Datos de auditoría de octubre pasado
Una auditoría ordenada por la Corte, cuyos primeros resultados se dieron en octubre del año pasado, corroboró que las audiencias preliminares más suspendidas se dan en los procesos abiertos a políticos corruptos, narcotraficantes y otros peces gordos con poder económico. El promedio mínimo de suspensión es de tres veces. En algunos casos se llegan a 10 o 15.
En el juzgado de garantías del primer turno, a cargo del juez Hugo Sosa Pasmor, al momento de la auditoría se tenían 116 audiencias preliminares pendientes de realización. Del total, 34 audiencias tenían fecha para hacerse y 82 se suspendieron en 272 ocasiones.
El promedio de suspensión por expediente verificado es de tres.
Entre los motivos más frecuentes figuraban: la incomparecencia del procesado (61); por pedido del Ministerio Público (53); por solicitud del defensor privado (34); falta de notificación (20), por pedido del defensor público (16), incomparecencia del defensor privado (11); motivos de salud (7); por inasistencia de la víctima (7), incomparecencia del Ministerio de la Defensa Pública (5), incomparecencia del imputado por culpa de Institutos Penales (5), según el informe del equipo de auditores, que culminó el trabajo en los cuatro primeros juzgados de garantías.
En el segundo turno la verificación reveló la existencia de 140 expedientes pendientes de audiencia preliminar. El equipo de auditores constató que en 94 casos la diligencia se suspendió en varias oportunidades por diferentes motivos. El promedio de las suspensiones es de 3 veces. Las 94 audiencias se suspendieron en 316 ocasiones.
Este juzgado ahora está a cargo de la magistrada Carla Bacigalupo, a quien la Corte le otorgó permiso para ocupar el cargo de ministra de Justicia.
Precisamente, la falta de un juez en dicho juzgado constituye una de las causas de las suspensiones de audiencias.
En el juzgado del tercer turno, a cargo de Óscar Delgado, se verificaron 29 expedientes en trámite pendiente de audiencia preliminar.
De los 29, en 19 no se ha suspendido la audiencia, atendiendo que era la primera convocatoria. De los 10 expedientes restantes, la diligencia se postergó en reiteradas ocasiones.
En el juzgado de garantías del cuarto turno, a cargo de Rubén Riquelme, se encontraron 73 expedientes pendientes de audiencia preliminar, de los cuales 43 no fueron suspendidas, porque era la primera convocatoria. Ahora bien, en los 30 expedientes restantes la diligencia se trabó en reiteradas oportunidades (59).
Más de 900 audiencias preliminares suspendidas en 2014
Más de 900 audiencias preliminares fueron suspendidas en 2014 en los juzgados de garantías de la capital, según informó en febrero del año pasado de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial. La incomparecencia de agentes fiscales es el principal motivo de postergación de dichas diligencias, se había señalado en aquella ocasión. Es casi lo mismo lo que informó este año la auditoría, lo que evidencia que no se hizo nada para acelerar los procesos.
La audiencia preliminar es la etapa en la que el juez de garantías debe resolver si dispone la elevación de la causa a juicio oral y público o aplica alguna de las distintas salidas jurídicas previstas para la conclusión del proceso, tales como sobreseimiento, procedimiento abreviado, entre otras.
Tras el escándalo derivado de la impunidad de acusados de graves hechos punibles, como millonarios fraudes económicos y narcotráfico, a raíz de la extinción de causas, la Corte Suprema de Justicia dispuso la realización de una auditoría a los juzgados de la capital.
Así se pudo determinar que en el 2014 se suspendieron nada menos que 904 audiencias preliminares, 243 de ellas por inasistencia del Ministerio Público. La incomparecencia de los acusados es otro factor de suspensión de la referida diligencia, con 227 casos.
Igualmente era muy elevado el número de incidentes dilatorios promovidos por los defensores particulares de los procesados, especialmente acusados con poder político o económico.
La nueva presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, prometió destrabar las audiencias preliminares. Se espera que la misma cumpla su promesa ya que, como se puede ver, todos los años las autoridades de la máxima instancia judicial ordenan la realización de auditorías, cuyos resultados se informan pero no se adoptan las medidas contra jueces que ignoran la acordada y no sancionan a los chicaneros, ni contra estos últimos que deberían ser castigados por el ejercicio abusivo del derecho.
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