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El Ministerio Público corroboró con pruebas documentales, periciales y testimoniales la veracidad de los audios difundidos hace un año por ABC Cardinal, donde el diputado por Alto Paraná pedía dinero a cambio de una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz realizó de esta forma la primera acusación luego del escándalo del tráfico de influencias.
La presentación se hizo ante el Juzgado de Penal de Garantías Nº 5 de Ciudad del Este, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete, debido a que Carlos Portillo ganó un conflicto de competencia durante el proceso y llevó su causa en Alto Paraná, que es su “feudo”.
Como cómplice del tráfico de influencias fue acusada la abogada Lucía Escobar, quien hizo de “nexo” entre Portillo y Auda Fleitas, que soportaba un proceso penal por estafa.
De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió en agosto de 2017. En una primera comunicación telefónica, el diputado Portillo le indicó a Auda Fleitas que tuvo acceso al expediente judicial que estaba en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este.
Luego, la coacusada Lucía Escobar dijo a la encausada que “en la justicia no se gana sin plata, que venda lo que sea para poder salir del problema”. Acto seguido, refirió de forma expresa que al diputado Carlos Portillo le pidieron dinero en la Cámara de Apelaciones, a cambio de una resolución favorable. “Auda Fleitas consultó a Lucía Escobar cual sería el monto que le habrían solicitado al diputado Portillo, a lo que le respondió que la suma ascendía a 3.000 dólares americanos, como asimismo que tenía que hacer lo que sea para solucionar”, dice la Fiscalía.
De acuerdo a pericias de cruce de llamadas de celulares, el Ministerio Público pudo corroborar que los pedidos de dinero continuaron en setiembre de 2017 con la excusa de que el camarista Isidro González pedía dinero porque “la resolución ya estaba y solo faltaba su firma”.
Carlos Portillo aprovechó para decir que ya había pagado 3.000 dólares porque no quería “fallar con los camaristas”, en razón de que les había dado su palabra. Ante esta situación, Auda Fleitas le consultó cómo podría hacer para reembolsarle, si “por giros, depósito o por envío personal”, o entregarle el dinero a Lucía Escobar.
El diputado Portillo, ante tales opciones, manifestó que no aceptaba esos medios de pago, diciéndole que le iba a enviar a algún familiar o a otra persona para el efecto, proporcionándole el número de su chofer de nombre “Fernando”.
Luego de esto, efectivamente Auda Fleitas recibió el llamado del chofer del legislador Fernando Luis Bareiro, quien se presentó como el emisario y le pidió concretar el encuentro.
En su declaración testifical Auda Fleitas expresó que posteriormente volvió a recibir una llamada de parte de Lucía Escobar y esta le dijo que tenía que cumplir con el diputado Carlos Portillo, porque el legislador ya había abonado lo que le habrían pedido los camaristas.
“Además de estas comunicaciones telefónicas, existen mensajes vía Whatsapp entre el diputado Portillo y Lucía Escobar con la señora Auda Fleitas, a los que accedió el Ministerio Público por haber sido puestos a disposición de esta representación fiscal por la testigo”.
Uno de los mensajes por Whatsapp fue de Escobar a Fleitas, y esta le escribió: “Tu desesperación no tiene límite”.
Otro elemento probatorio que el Ministerio Público agregó es una fotografía donde aparecen Portillo, Escobar y Fleitas.
Según la fiscala Liliana Alcaraz, el relato de Auda Fleitas concuerda con todos los elementos probatorios. Como ejemplo indicó una captura de pantalla que fue reenviada por Escobar a Fleitas, el diputado Portillo dice que un tal “Aniceto” (sería el camarista Aniceto Amarilla) le pedía 1.500 dólares para su firma.
Asimismo, como testigos en esta causa, declararon los camaristas Aniceto Amarilla y Miryam Meza, cuyos votos “negociaba” el diputado Carlos Portillo. Meza reconoció que el legislador le visitó y pidió información sobre el expediente, reunión de la que participó Amarilla.
A pesar de que se ha probado el tráfico de influencias, la Cámara de Diputados sigue dilatando la pérdida de investidura de Carlos Portillo, quien se expone a una pena privativa de libertad de 5 años de cárcel.
Trafico El diputado Carlos Portillo fue acusado por tráfico de influencias en calidad de autor, previsto en el artículo 7 de la Ley N° 2523/04. En su inciso 1° tipifica la conducta del “que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público...” y en el inciso 3° aumenta la pena a 5 años de cárcel cuando sea ante un magistrado o un fiscal.
Fallo favorable De acuerdo con la acusación fiscal, se comprobó que en agosto y setiembre del año pasado el diputado Carlos Portillo y la coacusada, la abogada Lucía Escobar, pidieron dinero a Auda Fleitas, quien soportaba un proceso por estafa. Los audios donde se pedían US$ 3.000 para “pagar” a camaristas de Alto Paraná fueron difundidos hace un año por ABC Cardinal cuando se destaparon los hechos de corrupción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Llevó a CDE El diputado liberal efrainista Carlos Portillo logró llevar su juicio a la circunscripción judicial de Alto Paraná, luego de plantear un conflicto de competencia debido a que los hechos sucedieron en su “feudo”. La Cámara de Apelaciones de Asunción, Primera Sala, le dio la razón con los votos favorables de Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander. Ahora, la jueza Cinthia Garcete debe señalar fecha de audiencia preliminar.
Una vergonzosa protección
Al día siguiente de que el Ministerio Público acusara al diputado liberal efrainista Carlos Portillo, 58 diputados se “abroquelaron” en torno a su colega y aprobaron un engorroso proceso para expulsar a un parlamentario imputado por irregularidades en el ejercicio de la función pública.
De esta forma, admitieron que la pérdida de investidura de los legisladores sea regulada por una ley y no por el reglamento interno de la Cámara y abdica así su poder constitucional de depurarse a sí mismo y le transfiere esa responsabilidad a la Justicia Electoral, un organismo al que la Constitución Nacional no le otorga esa facultad.
Todo este procedimiento se hizo a favor del diputado Portillo porque también como trampa se decidió incorporar la condena previa por tráfico de influencias, cuando el artículo 201 de la Constitución habla de “uso indebido de influencias”.
La ley aprobada en general establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tendrá la atribución de expulsar a un componente del Poder Legislativo.
De esta manera, los parlamentarios evitan juzgarse entre sí tal y como ocurrió con el ahora exsenador Óscar González Daher, recluido en la Agrupación Especializada por presunto enriquecimiento ilícito.
Dejan última la palabra de la pérdida de investidura a la Justicia Electoral de forma inconstitucional.
En un amplio debate, existió también una propuesta de modificación del reglamento interno de la Cámara de Diputados, lo que ya se consideraba suficiente, pero no persistió. El diputado Sebastián Villarejo (Patria Querida) dijo que con la ley solo se busca la “dilación”, algo compartido por su colega Rocío Vallejo (PQ).
Tras las críticas, el titular de Diputados Miguel Cuevas (ANR) tuvo que admitir que el objetivo del proyecto de ley que es que los legisladores se blinden con el requisito de la sentencia previa por parte del Poder Judicial.
OGD y Oviedo en diciembre
Los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto afrontan al igual que el diputado liberal Carlos Portillo (acusado) proceso por tráfico de influencias y el próximo 28 de diciembre es la fecha de requerimiento conclusivo de la fiscalía, que debe definir si acusa o no.
La causa penal está al extremo chicaneada, al punto de que los exparlamentarios ni siquiera cuentan con medidas.
La semana pasada el juez Rolando Duarte intentó llevar a cabo la audiencia, pero tanto González Daher como Oviedo Matto y el resto de los imputados, repusieron con apelación en subsidio, por lo que el expediente fue a la Cámara de Apelaciones.
Este escándalo de negociaciones de causas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue expuesto hace un año, en varios audios por ABC Cardinal.
Además de los exsenadores afrontan el proceso el exsecretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann y los abogados Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto. Los delitos son tráfico de influencias, cohecho pasivo (coima), soborno y asociación criminal.
Luego de que en el caso haya intervenido una decena de agentes fiscales, la causa quedó a cargo de Natalia Fúster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La agente, a la par de realizar diligencias, tiene que contestar cada semana recursos dilatorios que presentan los encausados con el objetivo de entorpecer el normal desarrollo de la causa.
En ese sentido, la investigadora pidió hace poco a la Cámara de Apelaciones ratifique el rechazo de la exclusión de los audios.
La fiscala solicitó de esta forma que se ratifique la resolución del juez Rolando Duarte, quien indicó que no era el momento procesal para analizar la legalidad de los audios, que en todo caso corresponde hacerlo en un eventual juicio oral y público.
griselda@abc.com.py