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Estudiantes de varias universidades del país se juntaron para debatir y conformar el grupo que se denomina “Basta de aranceles”, que tiene como objetivo eliminar las barreras socioeconómicas para acceder a la educación. “Dentro de ese espacio de análisis, nos topamos con el proyecto del diputado Dionisio Amarilla, que pretende regular el precio de los aranceles en las universidades e institutos superiores públicos del país. Al comienzo, recibimos bastante bien la propuesta, porque estipula que el estudiante pagaría menos” explica Santiago, miembro de la iniciativa.
Sin embargo, al realizar una lectura rápida, ya se encontraron con los primeros errores, comenta el estudiante, como que en ninguna parte del proyecto se menciona cómo recompensarán los fondos que las facultades perderán por la reducción del precio de los aranceles. “El estudiante va a pagar menos, pero las universidades también se quedarán con menos capital, teniendo en cuenta el desfinanciamiento que sufrieron en los últimos años”, denuncia.
Asimismo, Santiago expresa que para la realización del proyecto ningún sector del estudiantado fue consultado para emitir una postura, lo que le parece preocupante. “Lo más grave es que con esta ley se estaría normalizando de nuevo el pago de aranceles y, una vez más, se pone una regulación sobre algo que es un derecho humano”, argumenta el joven.
Por su parte, la estudiante Elisa Marecos explica que tendría que llamarnos la atención el hecho de que se esté cobrando por la educación, ya que asegura que el Estado debería trabajar para que cada vez sea más fácil acceder a una universidad y permanecer en ella. “Ahora mismo, lo estatal no significa de ninguna manera gratuito. No tenemos facultades públicas sin costo, porque todas ellas se rigen con cobros arancelarios y no podemos hablar de entes públicos si tenemos que pagar para acceder a ellos”, sostiene la joven.
“El acceso a la educación no es solo un derecho, sino una necesidad para las personas”, afirma Santiago, ya que asegura que el ser humano avanzó en la historia a través de la adquisición y transmisión de conocimientos. “Las instituciones educativas deben comprometerse a incentivar, facilitar e impulsar la transferencia de sabiduría, y no agarrar y encerrarla en una jaula para unos pocos, excluyendo a la mayoría por su condición de escasos recursos”, objeta el estudiante.
Los jóvenes proponen que para poder exonerar el pago de los aranceles, y no dejar sin capital a las universidades, se utilice el dinero del Fondo para la Excelencia y fondos del Tesoro, que corresponde a una parte del plan Fonacide. “Esa plata es de todos los paraguayos, es del Estado; entonces, el Gobierno debería invertirla para poder responder a las necesidades que tiene la sociedad”, explica Elisa.
Asimismo, los estudiantes aseguran que ellos, al igual que el diputado Amarilla, hablan de la educación como un derecho, pero que de ninguna manera le ponen un precio. “La gratuidad de la educación permitirá a las personas elegir realmente la carrera que quieran estudiar. Muchas veces, a algunos les gustaría seguir medicina o ingeniería, pero, por el alto costo de estos cursos de grado, se ven obligados a elegir otras profesiones que no satisfacen sus expectativas”, comenta la joven.
Tanto Elisa como Santiago creen que es bastante importante abrir el debate sobre esta problemática y que todos los jóvenes se interesen por la causa, ya que si se logra la exoneración de los aranceles en las universidades, sería una victoria política de los estudiantes. “Con ese cambio se garantizará la igualdad de oportunidades, ya que ahora mismo el Gobierno está discriminando a sus ciudadanos por su condición económica, negándoles un derecho fundamental, como lo es la educación”, finalizan.
Por Gonzalo Recalde (19 años)