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En el lugar también funciona el depósito de evidencias de la institución.
Encargados de la administración de la propiedad, perteneciente a la familia Burger, afirmaron que el contrato con el Ministerio Público venció en marzo pasado y que ninguna autoridad se acercó a negociar una ampliación del acuerdo.
No obstante, el funcionario de la Fiscalía de Curuguaty, Julio Paredes, dijo que solamente falta el pago por el timbrado a una de las dueñas de la propiedad para regularizar la situación. Aclaró que en todo caso, si los dueños quieren desalquilar el inmueble, simplemente se buscará otro lugar para instalar las dependencias de la institución.
“Entre enero, febrero y marzo no se le había pagado su timbrado a la señora dueña del local. Ya se le pagó todo esos tres meses y ella quiere cobrar más por el alquiler, pero nosotros tenemos un contrato en el que se estipula el monto (a pagar) por dos años”, indicó Paredes.
Por su parte, el director de Centro de Regionales de la Fiscalía, Claudio Acosta, aclaró que hay un nuevo contrato firmado con Erna Luise Burger, dueña de los locales. Aseguró que el inconveniente se subsanó con el pago de los meses atrasados.