Unas 45 familias piden regularizar un asentamiento en Minga Guazú

La Comisión Vecinal del Asentamiento La Unión, ubicado en el kilómetro 31, Acaray de Minga Guazú, busca la regularización de las tierras que ocupan desde hace tres años. Denuncian que la Municipalidad no aclara la situación del inmueble y cobra impuesto inmobiliario a un supuesto propietario cuyo título sería falso.

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MINGA GUAZÚ (Sofía Masi Verón, de nuestra redacción regional). Por un lado, la Municipalidad de Minga Guazú reconoce la existencia de la Comisión Vecinal del Asentamiento La Unión desde el año 2015. Son 45 familias que viven desde hace tres años, en el lugar. Ernesto Benítez, presidente de la Comisión, mostró las resoluciones donde la Comuna reconoce su organización.

Pero al mismo tiempo, la Comuna cobra impuestos a un supuesto propietario, Antonio Ibarrola Chamorro. El presunto dueño abonó en marzo de este año, G. 8.500.000 en concepto de impuesto inmobiliario y tasas municipales.

Ibarrola denunció por invasión de inmueble a los ocupantes ante la Fiscalía, avalado por un título de propiedad del 2017. En el documento, figura que Higinio Benítez Alvarenga, Arsenio Mallorquín, Gabriela María Caballero, José de Oliveira y Deyanira de Oliveira le transfirieron el inmueble el 26 de setiembre pasado.

Ante el conflicto de propiedad que envuelve a estas 20 hectáreas, el abogado de los ocupantes, Orlando Paiva, solicitó a la Fiscalía que aclare la situación del inmueble antes de promover un desalojo. El caso está a cargo del fiscal Julio Paredes, de la Unidad 6 de Ciudad del Este.

“Se presume que es una propiedad de la Municipalidad. Pedimos a la Fiscalía que consiga los antecedentes del inmueble y verifique la veracidad del contenido del título de propiedad que presenta el supuesto dueño”, comentó el abogado Orlando Paiva. 

Piden explicaciones

El presidente de la Comisión del Asentamiento La Unión, Ernesto Benítez, manifestó que ya fueron hasta la Municipalidad de Minga Guazú para pedir explicaciones sobre la situación del inmueble, pero no fueron atendidos por las autoridades. El martes último, solicitaron en audiencia pública de la Junta Departamental del Alto Paraná, la intermediación de los concejales a fin de lograr la regularización de las tierras en litigio.

Los vecinos urgen la legalización del asentamiento para poder gestionar servicios esenciales como los de agua potable y energía eléctrica. La presencia de niños y ancianos en el lugar hace urgente que se cuente con estos servicios, explicaron los ocupantes.

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