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En las últimas décadas la mano inescrupulosa del hombre se ha transformado en una seria amenaza para los recursos naturales, que son las únicas garantías para la continuidad de la vida. La ambición y el deseo del lucro a costa de la alteración de nuestro medio de vida no se detiene y es capaz incluso de asesinar a quienes se interponen valientemente para defender y preservar nuestra fauna, flora y nuestro suelo.
Los nombres de Bruno, Rumildo y Artemio reflejan esa valentía, con la cual llevaron adelante su misión de cuidar los recursos naturales, con honestidad, entrega y casi siempre en desventaja con relación a los crueles adversarios quienes silenciaron sus nombres a balazos, pero no su legado.
En los últimos cinco años, tres guardaparques fueron asesinados: Bruno Chevugui, en 2013, Artemio Villalba y Rumildo Toledo en agosto pasado. Todos ellos cumplían funciones para la Fundación Moisés Bertoni, en cuyas áreas protegidas en Canindeyú y Caazapá, respectivamente ocurrieron los homicidios.
Desde joven Rumildo Toledo, integrante de una familia de trabajadores de campo, oriundo de San Juan Nepomuceno, se interesó por temas ambientales y desde su ingreso a la fundación como guardaparques se distinguía por su dedicación y responsabilidad, recordó Hugo Mora, gerente de Desarrollo Territorial.
Los mismos valores caracterizaban a Artemio Villalba, quien vio el nacimiento de la Reserva Tapytá como tal, en la cual trabajó desde su inicio hasta que fue emboscado cruelmente el 18 de agosto. Incautó trampas y logró la aprehensión de varios cazadores furtivos; varios de ellos fueron puestos a disposición de la justicia, agregó el directivo.
El hostigamiento, las presiones y la violencia son constantes en la vida de un guardaparques, debido a la tarea que desarrollan, a veces en contextos desfavorables, sin que estos sean obstáculos para cumplir con la misión de cuidar las áreas verdes, cada vez más reducidas por la explotación indiscriminada para diversas actividades, muchas de ellas al margen de la ley.
“Ser guardabosque significa ser patrullero, educador ambiental, guía de turistas, técnico en mantenimiento, mecánico, constructor, 'auxiliante' en caso de emergencias de pobladores vecinos, entre otras habilidades”, resaltó.
“El trabajo de cuidar la Reserva va creando adherentes pero también detractores, entre aquellas personas dedicadas a actividades ilegales como la cacería, el robo de madera, y las plantaciones de marihuana, especialmente en la reserva ubicada en el departamento de Canindeyú”.
Cuando estas actividades ilegales tienen el sello del crimen organizado, el riesgo es mucho mayor y se extiende incluso a las familias de los guardaparques. Aún así se lograron aprehensiones.
Tanto en las reservas privadas como las administradas por el Estado a través del Ministerio del Ambiente, la misión proteccionista se lleva adelante siempre en un contexto de desventaja frente a quienes amenazan el ecosistema protegido. En el caso de los parques nacionales, la asignación de recursos humanos y equipos está sujeta a cuestiones presupuestarias.
La Fundación Moisés Bertoni cuenta actualmente con 26 personas asignadas al cuidado de sus 68.700 hectáreas (Mbaracayú, 64.000, y Tapytá 4.700), considerado como aceptable en palabras del gerente de la Fundación. Esto es posible mediante un fondo de fideicomiso que genera rendimientos mínimos para la protección de las reservas privadas.
En lo que respecta a los parques nacionales, se estima que unas 80 personas cumplen labores de vigilancia y protección de la biodiversidad en reservas públicas. En ese sentido, Mora sostuvo que prácticamente en todo el continente los recursos humanos son insuficientes para el cuidado de los espacios verdes y más aún en las zonas de mayor presión.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza consideró recomendable que haya un guardaparques por cada 500 hectáreas de áreas protegidas públicas; no obstante, esta meta solo se cumple en un porcentaje mínimo si se tiene en cuenta las grandes extensiones de terreno protegido.
El ideal de cantidad para cubrir medianamente las áreas protegidas es muy relativo, ya que existen muchas variables a tener en cuenta como: el tipo de área protegida, el tamaño del área protegida, el acceso a las mismas, la cantidad de poblaciones en los alrededores del área, la ubicación en el territorio y otras variables; pero lo ideal es que los guardaparques puedan realizar los recorridos por todas las áreas de mayor presión.
¿Cuál es, según sus investigaciones, el principal motivo que lleva a enfrentamientos y asesinatos de guardabosques?
Las personas que asesinaron a nuestros compañeros eran cazadores, presumiblemente personas que habitualmente ingresaban a la reserva y que probablemente ya fueron expulsados, perseguidas o se cruzaron de cerca con los patrulleros anteriormente.
Son personas que generalmente se disgustan por no poder realizar su “actividad” libremente: la cacería o la pesca. Las amenazas son constantes por parte de personas que perseguimos y no logramos aprehender o personas que son conocidos cazadores y alardean a todos los vientos que nunca serán atrapados.
Entre los motivos por los cuales se podría llegar a los enfrentamientos podríamos citar: aumento de la violencia en zonas rurales, ignorancia por parte de los infractores, involucramiento de los infractores en otras actividades ilegales a parte de la cacería (abigeo, marihuana)
¿Hoy en día qué sector es el más amenazado por la mano del hombre: la fauna o la flora?
La presión es constante tanto para la fauna como la flora, ya que en las dos reservas registramos creciente actividad de cacería y en Canindeyú una creciente deforestación para plantaciones ilegales. Además, por la disminución de bosques nativos, sobre todo en la Región Oriental, la vida silvestre solo puede desarrollarse en las áreas protegidas, lo que es atractivo para los cazadores.
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado en la misión de conservación de las áreas protegidas?
Creemos que el cumplimiento de las leyes ambientales ha sido el aspecto más débil del Estado Paraguayo en cuanto a la conservación de las áreas protegidas. El país necesita que la justicia pueda trabajar libremente y que los delitos cometidos sean sancionados como lo establece la ley.
La corrupción es otro gran problema que afecta a las áreas protegidas; las grandes mafias trabajan libremente a raíz de esto, y en muchos casos las propias autoridades locales están involucradas o por lo menos protegen a los delincuentes que lucran con estos hechos ilegales como el tráfico de madera o la cacería, sin mencionar el crimen organizado o la narcopolítica.
¿Cómo se cataloga la respuesta de la justicia ante los casos de asesinato y ataques a guardaparques como de otros delitos que afectan el ecosistema?
Vemos que para este caso particular, la justicia está actuando muy lentamente. Esperamos una respuesta más rápida en estos casos, acciones y procedimientos claros y objetivos.
¿Que esperan del nuevo gobierno en lo referente a la protección de nuestro medio de vida?
Apoyar el trabajo del Ministerio del Ambiente, la Fiscalía, la Policía Nacional y luchar de frente contra la corrupción.
En el caso del homicidio de los guardaparques caazapeños, se identificó e imputó a los principales sospechosos; sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos fue aprehendido y hasta se mencionó que contarían con cierta protección política en la zona. Se trata de Robert Alcaraz González, Braulio Alcaraz González y Ramón Alcaraz González, Hugo Andrés González Sosa y Daniel González Britos.
Tras una marcha ciudadana y serios cuestionamientos, la fiscala Gladys Giménez fue apartada de la investigación de la causa y la carpeta fiscal quedó en manos de la fiscala Karina Escurra.
La fiscal deberá liderar una investigación responsable y comprometida que permita castigar a los responsables del crimen y dar algo de justicia a las familias de quienes defendieron la vida, dando las suyas.