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Una gran cantidad de fiscales fueron investigados e involucrados en supuestos pedidos de coima para no imputar o favorecer a los procesados, pero también la justicia se ha encargado de dar impunidad a los mismos. Una de ellas es la causa al exfiscal Gustavo Gamba, procesado por cohecho pasivo tras un supueso pedido de coima a Víctor Bernal para desvincularlo de una causa en su contra. El exfiscal está procesado desde mayo de 2009 porque supuestamente cobró la suma de US$ 90.000, a través del coprocesado, el abogado Juan Emmanuel Portillo. Hasta el momento no se ha podido realizar el juicio oral y público por los incidentes que plantearon sus defensores.
Por otro lado, el exfiscal Juan Claudio Gaona, acusado de cobrar G. 90 millones en mayo de 2007 para pedir la desestimación de una denuncia a un empresario francés, según la fiscala anticorrupción, Victoria Acuña, por los delitos por los cuales el exfiscal fue procesado, ya prescribieron. Ni siquiera se pudo realizar la audiencia preliminar.
El que sí fue condenado a 2 años y 2 meses fue el exfiscal José Luis Brusquetti, por un pedido de coima para levantar la captura de un imputado por homicidio doloso. El agente seguirá en libertad, ya que se encuentra con medidas alternativas. Es uno de los pocos casos que llegan a juicio oral y condena.
Otra condena a 2 años con suspensión a un fiscal es la de Alder Ferreira, de la Unidad Nº 2 de Santa Rosa (Misiones), quien fuera detenido cobrando la suma de G. 10.000.000 para favorecer a un procesado. El procedimiento fue realizado en forma conjunta por los fiscales José Dos Santos y Luis Piñánez, quienes hace un tiempo recibieron la denuncian e hicieron el seguimiento del caso.
Una histórica condena a un agente fiscal fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Edward Armas fue condenado a cuatro años de cárcel y al pago de una millonaria multa, por cohecho pasivo (coima). El máximo tribunal del país habìa tomado la determinación tras corroborar que uno de los integrantes del Tribunal de Apelación, Raúl Virgilio Martínez, estaba inhabilitado para entender en la causa.
El 19 de febrero de 2001, el Tribunal de Sentencia integrado por Meneleo Insfrán, Ana María Arréllaga y Carmen Barrios declaró al fiscal Edward Armas culpable de cohecho pasivo agravado y lo condenó a cuatro años de cárcel, más una pena complementaria de multa de G. 3 millones. En agosto de 2000, Armas fue detenido luego de que se incautaran de su oficina US$ 5.000 marcados, que le habrían sido entregados por un comerciante árabe a quien le había pedido coima.
También otro caso es la imputación a Marta Garcete por cohecho pasivo agravado tras ser descubierta in fraganti cuando recibía una supuesta coima de G. 40 millones. La agente de la Fiscalía guarda reclusión en su domicilio y se expone a cinco años de cárcel. Hace poco, el juez Alcides Corbeta elevó la causa a juicio oral y público.
El exfiscal Miguel Ángel Kunzle está acusado por la comisión del supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado. El mismo no compareció en su juicio oral y público y el tribunal de sentencia había ordenado su captura el lunes 1 de setiempre pasado.
El fiscal de Curuguaty José Zarza había sido acusado de solicitar G. 65.000.000 al empresario Vela Vaézquen y a su hijo David Vela, para que pudiera ordenar el desalojo de presuntos invasores de una propiedad de 771 hectáreas, ubicada en la colonia Sidepar 3.000, distante unos 45 kilómetros al sur del distrito de Yasy Cañy.
El empresario Vela Vaézquen debía abonar G. 65 millones en tres cuotas: la primera de G. 15 millones al momento de la firma del “contrato”, luego G. 25 millones al concretarse el desalojo y por último debía pagar otros G. 25 millones, cuatro meses después del desahucio de los señalados como invasores del terreno.
Con dichas amortizaciones, el letrado se comprometía a “garantizar” que no se volvería a invadir el lote mencionado. Asimismo, la millonaria suma debía repartirse entre los funcionarios del Ministerio Público local, según los datos proveídos por la pesquisa.
Otro de los tantos procesos a agentes fiscales es contra Antonio Bernal Casco, imputado por frustración a la persecución penal y producción de documentos no auténticos por el entonces fiscal y hoy senador Arnaldo Giuzzio, porque había cambiado el acta de un procedimiento y la carátula de un expediente para liberar a dos supuestos marihuaneros de la zona.
La acusación sostiene que la exfiscala Liz Pérez Idoyaga, supuestamente, cobró los salarios de 16 funcionarios “fantasma” de la Justicia Electoral cuando la agente cumplía funciones en esta dependencia. El allanamiento en la oficina de la Justicia Electoral de Idoyaga se efectuó el 2 de noviembre de 2009. Tenía en su poder tarjetas de débito y otras las arrojó por la ventana.
La fiscala Mirtha Ortiz fue acusada por su entonces colega Arnaldo Giuzzio por supuestos hechos de apropiación y quebrantamiento del depósito. Se habría quedado con evidencias de varias causas. En un juicio oral y público fue absuelta; sin embargo, la Cámara de Apelaciones había anulado lo resuelto por el tribunal y ordenado un nuevo juzgamiento; no obstante, la Corte ordenó que otra cámara estudie nuevamente la resolución de los jueces de sentencia. Hasta ahora no se definió si será enjuiciada nuevamente.
En poder del fiscal Christian David Garelik Um, actualmente suspendido por el fiscal general, supuestamente se encontró la suma de G. 5.000.000, que sería supuestamente producto de un acuerdo para que el mismo realizara constituciones en el marco de dos causas penales sobre invasión de inmueble ajeno y apropiación, tramitadas en la Unidad a su cargo. Luego de una denuncia presentada por la abogada Silvia Salinas, la fiscalía inició una investigación.
El último caso que saltó a la luz pública es el del fiscal Rubén Villalba, que fue detenido el viernes 29 de agosto pasado en un operativo encubierto realizado por los agentes fiscales René Fernández y Luis Piñánez en las instalaciones del Club Internacional de Tenis. Debajo del asiento de su coche fue encontrado el equivalente a US$ 10.000 que recibió para sobreseer supuestamente a un procesado. La denuncia refiere que también se le entregaron cinco lujosos vehículos.
La Fiscalía General y el Jurado de Enjuicimiento de Magistrados lo suspendieron en sus funciones y, con ello, ya está proceso y el juez Alcides Corbeta lo debe convocar para su audiencia de imposición de mdidas. Villalba Ibarra aparece con antigüedad en el Ministerio Público desde 2001.
También la fiscala Victoria Acuña pidió a la Contraloría General de la República todas las declaraciones juradas del fiscal Rubén Villalba, ya que existen sospechas de enriquecimiento ilícito. El contralor Rubén Velázquez Gadea ya comenzó el estudio de correspondencia de bienes del agente del Ministerio Público, según se informó.