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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, sostienen que la Comuna esteña convocó en 2020 una licitación ID N° 382.239 a través de la vía de excepción para la compra de insumos destinados a la fabricación de panificados, sin justificar la urgencia de la adquisición.
Sin embargo, según la investigación fiscal, la licitación habría sido direccionada a la empresa Tajy Servicios Generales, ya que otras firmas invitadas pertenecían a una misma familia y algunas no eran proveedoras del Estado.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que no hay constancia de la entrega de los insumos comprados en la Municipalidad.
Prieto y Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, están procesados por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en calidad de autores.
También están procesados Buenaventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales; Emili Vanessa Florentín Páez y Robert Osmar Florentín Silvero, accionistas de la empresa Vaneni SA, que figura como subcontratada para la provisión de alimentos.
Otros acusados en el caso son Maggi Farinha Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal municipal; Alex Yamal Samhat González, jefe de la planta procesadora de alimentos de la Comuna; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; y Nelson Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad.
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Los nueve últimos están acusados de supuestos cómplices en los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que por el delito de asociación criminal son señalados como presuntos autores.
