La recusación planteada por Miguel Prieto se da en medio del acelerado proceso de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, promovido desde el cartismo. El escrito fue presentado el pasado 22 de mayo y, hasta el momento, no hay resolución al respecto.
Los agentes recusados son Silvio Ignacio Corbeta Dinamarca, María Verónica Valdez Rivas, Yeimy Rossana Adle Monges, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, todos de la Unidad Especializada en Anticorrupción. Asimismo, se solicita la inhibición de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
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En el escrito presentado ante el Ministerio Público se dejó constancia de que la recusación es con expresión de causa, alegando filtración de información a terceros.
“Esta defensa técnica considera que la investigación está contaminada por la intervención de terceros que no son parte del proceso. Los fiscales violaron gravemente el código de procedimientos penales, por lo que corresponde que los mismos sean apartados de todas las causas que se me siguen”, señala el escrito.
Además, sostienen que hay injerencia política en la tramitación de los procesos y que esto además de los fiscales compromete a la Fiscalía Adjunta de las unidades anticorrupción.
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“La fiscal adjunta, al igual que los agentes fiscales intervinientes, se encuentra en idéntica situación, recibiendo constantes presiones políticas, por lo que no confío en su objetividad para entender los delicados asuntos que estas investigaciones involucran”, refiere el planteamiento judicial.
Por otra parte, Prieto señala en su escrito que no pretende con esta presentación obstaculizar las investigaciones, sino que las causas sean manejadas por funcionarios que constituyan una garantía para la eficiencia de la investigación, la objetividad y la no injerencia de cuestiones políticas.
Con el pedido, también se solicita la remisión de los legajos de investigación de las 30 causas penales a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se atienda y resuelva la recusación planteada por esta defensa conforme a derecho.
Audiencia preliminar
Mañana se prevé el inicio de la audiencia preliminar fijada por el juez Humberto Otazú para Miguel Prieto y otros 11 acusados, por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El proceso guarda relación con la compra de alimentos durante la pandemia del Ccovid-19, que debían ser distribuidos a la población. Según la investigación, no se pudo constatar la entrega de alimentos por un valor de 306 millones de guaraníes.
Las fechas fijadas por el juez Otazú son el 28, 29 y 30 de mayo, y el 2 de junio. La Fiscalía deberá nombrar fiscales interinos para el efecto, considerando que los fiscales recusados ya no pueden intervenir.