En las últimas semanas se presentaron varias nuevas denuncias contra el intendente esteño Miguel Prieto por parte del grupo autodenominado Contraloría Ciudadana. Las causas, relacionadas con presuntos hechos de estafa, nepotismo y tráfico de influencias, fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado para su tramitación en las unidades especializadas, tras un pedido formal realizado por la agente fiscal designada para la investigación.
La denuncia inicialmente recayó en la unidad penal a cargo de la fiscala Carolina Rosa Gadea, tras el sorteo aleatorio. Posteriormente, la mencionada representante del Ministerio Público remitió la carpeta fiscal a la Fiscalía Adjunta, dado que los hechos denunciados presumiblemente afectan la administración pública y el orden económico, y deben ser investigados por una unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
En consecuencia, se resolvió remitir la causa a la superioridad, conforme al Instructivo Nº 01, de fecha 30 de enero de 2012, de la Fiscalía General del Estado, para su reasignación o remisión a la unidad correspondiente.
De la misma forma procedió el fiscal Gabriel Segovia Villasanti con la denuncia presentada por hechos similares contra los concejales municipales Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Pedro Acuña Ferreira, Sebastián Martínez, Alison Anisimoff y María Esther Portillo. Él también remitió la carpeta a la Fiscalía Adjunta, conforme a lo establecido en el instructivo en cuestión.
Al respecto, el fiscal adjunto subrayó que, de acuerdo con la normativa vigente, todas las denuncias que involucren hechos punibles contra el patrimonio del Estado o actos de corrupción deben ser enviadas a las unidades especializadas.
“La ley establece claramente la obligatoriedad de remitir este tipo de investigaciones a las unidades especializadas, y este procedimiento se realizó conforme a lo dispuesto en la normativa”, afirmó el titular de la Fiscalía Adjunta de Alto Paraná.
También hizo referencia a la normativa interna que regula la competencia de las unidades especializadas, señalando que la Fiscalía Adjunta a su cargo se encuentra en contacto permanente con la Fiscalía General del Estado para coordinar adecuadamente el tratamiento de la causa y evitar posibles conflictos jurisdiccionales o malentendidos en el proceso investigativo.
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Finalmente, Sosa rechazó las acusaciones de manipulación política en la investigación y aseguró que actúa con transparencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones.
“El Ministerio Público actúa con total independencia y su único interés es esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, sin injerencias de ninguna clase”, concluyó.
Con esto, respondió a las declaraciones del senador Javier Zacarías Irún, quien había acusado a la Fiscalía de obstaculizar una investigación sobre supuesto nepotismo en la administración de Prieto Vallejos.