Los ediles cuestionan el proceder de la Contraloría General de la República (CGR) por iniciar un proceso de intervención sin trasladar previamente a la Municipalidad las observaciones de su dictamen, lo que, según los concejales, viola el derecho a la defensa y el principio del debido proceso.
Los concejales también cuestionan la falta de fundamentos sólidos para promover la intervención de la Comuna esteña. Alegan que todas las ejecuciones presupuestarias ya fueron debidamente aprobadas por el órgano legislativo local y que el contralor general, Camilo Benítez, no presentó pruebas de irregularidades graves.
La concejal Alison Anisimoff denunció que la CGR expuso públicamente una factura de un contribuyente en un canal televisivo como falsa, cuando, según ella, era legítima y estaba avalada por la Secretaría de Tributación. “Con esta actitud podemos presumir que existe una mala intención de la Contraloría”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Junta, Sebastián Martínez, sostuvo que la intención de intervenir la Municipalidad es solamente para intentar frenar el proyecto político del actual intendente, Miguel Prieto Vallejos.
“Este no es un proceso legal, es un operativo político para cortar la cabeza de un proyecto que no se alinea con la mafia que hoy impera en la política paraguaya”, denunció.