Uno de los procedimientos fue encabezado por la fiscal Vivian Coronel en el templo ubicado en el kilómetro 14 del barrio Paso Itá de Minga Guazú, que la semana pasada ya había sido allanado. Allí, se incautaron de varios elementos y objetos que podrían estar relacionados con prácticas de tortura.
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Entre las evidencias recogidas hay cinco teléfonos celulares, un arreador de cuero, documentos, fotografías, cuchillos metálicos, una bandeja artesanal, prendas de vestir, un palo de madera, una guacha de cuero, patas de cabritas, restos óseos y ocho chips de telefonía.
En paralelo, el fiscal coadyuvante Luis Escobar encabezó otro allanamiento en una vivienda del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, específicamente sobre la calle Coronel Enrique Giménez. En el lugar hallaron seis teléfonos celulares y documentos.
La fiscal Coronel indicó que los nuevos allanamientos fueron solicitados con base en datos aportados recientemente por víctimas. “Hemos corroborado de forma puntual las informaciones que las víctimas mencionaron. Encontramos evidencias que coinciden con sus relatos, como objetos presuntamente utilizados en actos de tortura”, declaró.
Además, Coronel informó sobre el hallazgo de restos óseos que podrían pertenecer a seres humanos. “Vamos a convocar a agentes de Criminalística para determinar la naturaleza de los restos y confirmar si se trata de restos humanos”, afirmó.
La agente del Ministerio Público enfatizó que la investigación no cuestiona las creencias religiosas en sí mismas, sino actos concretos que podrían constituir hechos punibles.
En el marco de esta causa, un hombre que se presenta como “pai de santo”, está imputado por abuso sexual en niños, actos homosexuales con menores y violación del deber de cuidado o educación. Los hechos habrían ocurrido en el marco de rituales realizados por la comunidad religiosa investigada.
Conforme con la investigación, se sospecha que entre enero y junio de 2025, el imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de 2 años a ritos en un local cerrado con consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo. Asimismo, se atribuye al sindicado haber cometido abusos sexuales en diversas ocasiones, entre 2020 y 2021, a un menor, cuando este tenía 9 años.
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De igual forma, se sospecha que en 2021, el encausado habría realizado actos homosexuales con un adolescente que en ese entonces tenía 15 años.