El abogado inicialmente argumentó que la cuantía del supuesto daño patrimonial, estimado en G. 306 millones, no alcanza los 5.500 jornales requeridos para que la causa sea competencia de un magistrado especializado en Delitos Económicos. Sin embargo, este argumento ya había sido planteado anteriormente por el defensor del exjefe comunal y confirmado por el Tribunal de Apelación.
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Posteriormente, recusó al juez por una presunta falta de imparcialidad e independencia y solicitó que sea apartado del expediente. Esta presentación obligó a suspender nuevamente el acto judicial. Sin embargo, el magistrado convocó a una audiencia disciplinaria tanto al litigante como a la acusada.
Prieto insiste en que no hubo daño patrimonia<b>l</b>
Por su parte, el exintendente Miguel Prieto insistió en que no hubo perjuicio al municipio y que existen documentos que prueban la entrega de los alimentos comprados durante la pandemia.
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“Yo mismo bajé los fardos de harina. Algunas bolsas se descompusieron porque la entrega fue de una sola vez y pedimos el cambio a la empresa. Tenemos pruebas de eso, pero el fiscal insiste en que no existieron las materias primas. Con esta justicia no tenemos garantías”, expresó.
El abogado Roberto Carlos Benítez, defensor de otro de los acusados, increpó al juez Otazú por la supuesta imparcialidad debido a su supuesto “compadrazgo” con la familia Zacarías.
“No tenemos un juez independiente. Le pedimos que se inhiba por ese vínculo con el clan Zacarías. Él insiste en quedarse con la causa y eso llama la atención”, cuestionó.
El caso “Tajy”
El proceso se originó durante la pandemia de 2020, cuando la Municipalidad de Ciudad del Este realizó una compra de alimentos por G. 306 millones para la elaboración de panificados destinados a familias de escasos recursos.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez acusan a Prieto y al entonces director de Finanzas, Francisco Arrúa Álvarez, de lesión de confianza y asociación criminal.
Igualmente, entre los demás procesados figuran exfuncionarios municipales y representantes de las firmas Tajy Servicios Generales y Vaneni SA, apuntadas de haber participado en un presunto esquema de licitación direccionada y compra ficticia de insumos.
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El Ministerio Público sostiene que no existen constancias de la entrega de los alimentos. En otro proceso paralelo, conocido como “Tía Chela”, la Fiscalía también acusó a Prieto por un supuesto perjuicio superior a G. 2.000 millones.