Los acusados son Jonathan Nicolás Barúa Chamorro (24 años), Ariel Gustavo Mareco Benítez (23 años), Benicio De Jesús Romero Aguilar (28 años), Adrián Insfrán Báez (30 años) y José Carlos Alfonso Torres (28 años). Todos ellos enfrentan cargos por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y liberación de presos.
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Según la investigación, el día del hecho los guardiacárceles habrían incumplido los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Justicia, dejando a los internos de alta peligrosidad en el sector “Soleado” fuera del horario reglamentario y sin la debida custodia.
Las cámaras de circuito cerrado revelan que los funcionarios usaron un grillete a modo de candado e incluso habrían entregado llaves genéricas a los reclusos, lo que facilitó la apertura de las celdas. Aprovechando la ausencia de vigilancia, uno de los internos abrió su celda y liberó a otros siete compañeros.
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Los fugados treparon el techo de rejas, escalaron la muralla, descendieron por un ducto de agua y lograron salir del perímetro carcelario utilizando cortes de tela y sábanas. El escape se produjo alrededor de las 20:00.
Los fugados fueron identificados como Wilson Darío Rotela Coronel (27), Blas Pablo Melgarejo Benítez (33), Fernando José Aquino Salinas (25), Derlis Ramón Giménez Olivella (28), Juan Valentín Insfrán Espínola (31), Anderson Queiroz de Freitas (42) y Marcio Quadra Caetano (35). El octavo fugitivo, Fredy González Delvalle (31), supuesto líder del Primer Comando Capital (PCC), había sido recapturado el mismo día.
El fiscal Giménez tomó 16 declaraciones de funcionarios que confirmaron la falta de control en la cabina de monitoreo durante la fuga.
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Con base en las evidencias, entre ellas las grabaciones del circuito cerrado y los testimonios, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías Nº 3 la elevación de la causa a juicio oral y público.