El abogado Roberto Carlos Benítez denunció y recusó al juez Humberto Otazú y, con ello, se suspendió la audiencia preliminar en el marco del proceso por el presunto negociado en la compra de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia. La lista de procesados está encabezada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).
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La denuncia y la recusación están sustentadas en dos hechos que el abogado Benítez considera sumamente graves, por lo que pide que el juez Otazú se aparte de la causa por “odio, resentimiento y falta de imparcialidad e independencia”.
Además de la recusación, el letrado presentó una denuncia contra el magistrado ante la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los hechos señalados se refiere a un “abuso desmedido y descomunal” entre la conducta y la sanción impuesta por el juez contra el abogado Benítez, quien fue privado de su libertad por 24 horas tras una discusión durante una audiencia.
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Afirmó que en otros casos, incluso cuando se llamó delincuentes a magistrados, solo aplicaron apercibimiento y anotación en el legajo. “No le insulté ni le amenacé; simplemente le hice saber, con vehemencia y en alta voz, que él tiene causales de recusación por su vínculo con el clan Zacarías Irún. Eso lo enervó, ejerció abusivamente su facultad y me privó ilegítimamente de mi libertad”, añadió.
Dejó indefenso al procesado, afirma
El otro hecho cuestionado por el abogado es que, al ser detenido, su cliente Higinio Acuña quedó en total indefensión, ya que el juez prosiguió con la audiencia. “El juez continuó el proceso y otorgó la palabra al Ministerio Público; se dio lectura de la acusación con mi defendido sin abogado. Eso es una violación al derecho a la defensa en su máxima expresión”, enfatizó.
Al ser consultado si la recusación no tiene fines meramente dilatorios, Benítez respondió que, de no haber presentado la denuncia y la recusación, habría incurrido en negligencia. “Sería un despropósito y una falta grave no presentar una recusación. Los hechos ocurrieron y son conocidos. Esto no está inventado. La defensa en juicio es inviolable y el juez la violó sin vaselina, sin misericordia, sin límites. Se extralimitó”, aseveró.
Por otra parte, se dirigió al magistrado pidiéndole que haga respetar su investidura frente a los “acosadores políticos” que, según dijo, lo presionan constantemente.
Antecedentes del proceso penal
En el proceso penal conocido como caso “Tía Chela”, el Ministerio Público acusó a Miguel Prieto y a otras diez personas por la presunta comisión de lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000, mediante una licitación por excepción direccionada a una empresa proveedora.
Además de Prieto, están acusados el secretario general de la Municipalidad, Francisco Arrúa; el exdirector de Desarrollo Social y actual concejal, Sebastián Martínez; la excoordinadora de Contrataciones Públicas, Maggi Fariña; el jefe de Desarrollo Comunitario, José Félix Cáceres Galeano; y el jefe de Almacenes, Julián Benítez Gamarra.
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También figuran entre los acusados Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, dueña de la firma Vanemi SA.