El magistrado Humberto Otazú admitió en su totalidad la acusación ratificada por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca. Además, rechazó los incidentes de nulidad del requerimiento fiscal por supuesta falta de relato detallado de los hechos atribuidos a los acusados, el pedido de sobreseimiento definitivo y la exclusión probatoria de evidencias ofrecidas por el Ministerio Público, todos planteados por la defensa de Prieto.
Asimismo, Otazú admitió las pruebas ofrecidas por las defensas de los encausados, a excepción de algunos testigos, ya que solo admitió a un grupo de los propuestos por los representantes de los once sindicados por la Fiscalía.
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Por otro lado, a pedido del fiscal Silvio Corbeta, el juez de Garantías impuso medidas alternativas a la prisión con el fin de asegurar el sometimiento de los acusados al proceso, como la prohibición de salida del país y la comparecencia mensual para firmar el libro de actas judiciales.
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Antecedentes del proceso penal
Los antecedentes de la causa indican que durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.130 millones mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
Además del exintendente Miguel Prieto Vallejos, están acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez. Todos enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de un proceso penal por la compra de kits de alimentos que fueron distribuidos durante la pandemia.
Conforme a la acusación, se determinaron inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que se concluyó que la empresa no contaba con los productos al momento de ser adjudicada.
También se sindica a los procesados de ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.