En un informe revelado este martes, la organización matiza que el Gobierno actual no emplea estrategias de control social “por medio del terror”, como sí hicieron, según ella, los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), sin que esto signifique que no se cometan ejecuciones extrajudiciales.
Pese a ello, los asesinatos de defensores de derechos humanos durante los cuatro primeros años de López Obrador superan ya las cifras de todo el sexenio de Calderón, en el que 67 fueron ejecutados.
"Se puede explicar por dos factores. El primero, que a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los sexenios anteriores. El segundo, que desde el gobierno federal existe una política de impunidad, escudándose en que no es de su competencia el delito de homicidio", expone el informe.
Sin embargo, puntualiza el texto, “proteger la vida de las personas de los derechos humanos es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto”.
Durante el sexenio de Peña Nieto se alcanzaron las cotas más altas de ejecuciones de activistas, con 189. Tan solo en 2017, siempre según el recuento de Comité Cerezo México, 52 personas fueron asesinadas.
Con estos datos, México se consolida como uno de los países más peligrosos de América para los defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas, como han denunciado organizaciones a nivel internacional.
Oaxaca y la defensa del territorio, a la cabeza
El suroccidental estado de Oaxaca registra casi la mitad de las ejecuciones extrajudiciales registradas con 10 casos, y le siguen Puebla con tres, Michoacán con dos, y Tlaxacala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Baja California con uno cada uno.
En cuanto a los motivos principales de las ejecuciones destacan la defensa del territorio (7 casos), la vida digna (5), la libertad de expresión (3), la autodeterminación (2) y el medio ambiente (2).
También fueron ejecutados otros tres activistas por defender los derechos de los desaparecidos, a la integridad personal y a la protesta, respectivamente.
De entre los 22 ejecutados, el informe reflejó que ocho de ellos pertenecían a un pueblo indígena, 12 eran mestizos y uno era afrodescendiente.
El gobierno se mantiene al margen
Entre las 22 ejecuciones extrajudiciales registradas el pasado año, la organización señala a los gobiernos municipales, vinculados a la mitad de los casos, seguida por los gobiernos estatales, con siete.
Las empresas estatales salen relacionadas con los crímenes en tres ocasiones, mientras tan solo un caso está vinculado a una persona particular.
El documento afirmó que el Gobierno federal no guarda relación con ninguno de los asesinatos.