El fiscal de Venezuela dice que continúan las investigaciones sobre hechos poselectorales

CARACAS. El Ministerio Público (MP) de Venezuela continúa con las investigaciones relacionadas con los hechos de “violencia” registrados tras las presidenciales de julio, incluyendo aquellos con los que la institución vincula a los casi 1.900 excarcelados con “medidas cautelares”, informó el fiscal general, Tarek William Saab, en una entrevista en el canal estatal VTV publicada este sábado.

Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de protestas contra el triunfo de Maduro proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE/ Ronald Peña R.
Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de protestas contra el triunfo de Maduro proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE/ Ronald Peña R.RONALD PEÑA R.

“En este momento hay (...) casi 1.900 personas liberadas con medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad, porque están libres, pero, obviamente, la investigación sigue en curso, con un régimen de presentación”, explicó el funcionario.

Asimismo, aseguró que la institución, que ha recibido cartas de familiares de detenidos y se ha reunido con algunos de los allegados a estas personas, no descarta seguir revisando casos para otras excarcelaciones.

Saab indicó que los días 29 y 30 de julio hubo 28 muertos, entre ellos dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), y 190 heridos, de los cuales 100 son policías y militares.

Casi 2.500 detenidos por protestar

Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de protestas contra el triunfo de Maduro proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- tacha de fraudulento, al considerar que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el ganador.

Familiares de quienes consideran “presos políticos”, activistas y ONG han denunciado violación al debido proceso, imposibilidad de designar abogados y acceder a expedientes, incomunicación, presiones para atribuirse hechos, traslados lejos de sus lugares de residencia sin previo aviso, malos tratos y falta de atención médica, entre otros señalamientos que las autoridades califican como falsos.

Además, el MP y Maduro insisten en que en el país no hay personas arrestadas por motivos políticos, sino que cometieron diversos delitos.

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