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Estados Unidos es uno de los pocos países que aplica el principio de ius soli (derecho de suelo), garantizando la ciudadanía automática a toda persona nacida en su territorio. Este derecho está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que establece:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos...”Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica
No obstante, la administración de Donald Trump argumenta que los hijos de inmigrantes indocumentados o de extranjeros con visas temporales no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no deberían obtener la ciudadanía de manera automática. Según CNN, el presidente impulsó un decreto que busca modificar esta práctica histórica, pero la medida enfrenta serios obstáculos legales.
El decreto de Trump ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal, quien lo calificó como “abiertamente inconstitucional”.
Más de 20 estados, en su mayoría liderados por demócratas, han presentado demandas argumentando que un presidente no tiene la autoridad para modificar una enmienda constitucional por decreto.
La Corte Suprema de EE.UU. ya se pronunció en 1898, estableciendo que las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanas, independientemente de la nacionalidad de sus padres.
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Impacto en los migrantes y la demografía estadounidense
Si el decreto de Trump se implementara, tendría un impacto significativo en millones de familias inmigrantes. Aunque no afectaría a los nacidos antes de su promulgación, sí cambiaría las reglas para los futuros nacimientos.
En 2023, había 22,9 millones de inmigrantes no naturalizados en EE.UU., lo que representa un porcentaje importante de la población. El 86% de los niños menores de 18 años en familias inmigrantes nacieron en EE.UU. entre 2013 y 2024.
Según estudios de AP/NORC y Quinnipiac University, una gran mayoría de los estadounidenses rechazan la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, con menos de un tercio de los encuestados apoyando la medida.
El destino de este decreto podría definirse en la Corte Suprema de EE.UU., donde la jurisprudencia histórica respalda la ciudadanía por nacimiento. Mientras tanto, el debate sobre inmigración y sus implicaciones continuará dominando la agenda política estadounidense.
