El Reglamento Escolar 2025 establece que los docentes tienen prohibido “expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”.
Además, el reglamento indica que si estos temas surgen por iniciativa de los estudiantes, los docentes deben informar al equipo de conducción escolar para que intervengan los “equipos especializados”.
La difusión esta semana del nuevo reglamento motivó la denuncia de Vanina Biasi, diputada nacional del PO-FITU (Partido Obrero y Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad), quien ayer repudió la normativa durante su discurso en una sesión de la Cámara Baja sobre una reforma electoral.
“Este reglamento condiciona la actividad educativa y es un instrumento de persecución”, dijo a EFE Biasi, quien adelantó que su espacio político presentará un proyecto para que la normativa sea derogada.
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Más opiniones en contra de la normativa
La denuncia de la diputada fue replicada este jueves por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), uno de los mayores sindicatos de docentes del país, que rechazó el nuevo reglamento “por censurar la libre expresión, favorecer prácticas que promueven la persecución de los docentes e instalar el silenciamiento de las inquietudes y necesidades de los estudiantes”.
“El Ministerio no lo comunicó hasta que volvimos a las escuelas”, dijo a EFE Vanesa Gagliardi, secretaria de Acción Social de la organización docente Ademys, que programó para la semana que viene una asamblea en la que discutirán el tema.
“Este cambio se hace a espaldas de la comunidad educativa, que somos quienes hacemos las escuelas, sin abrir ningún proceso democrático”, agregó Gagliardi.
La formadora de docentes Sabrina Flax denunció que la exigencia a los docentes de alertar sobre expresiones de los alumnos “es persecución lisa y llana” y remarcó además que los “equipos especializados”, que según el nuevo reglamento intervendrían en tales situaciones, no existen.
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El debate se enmarca en un contexto de tensión por la política educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el mes pasado pausó el acceso a los contenidos sobre derechos de género y diversidad contemplados por la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y realizó una “revisión neutral” de los mismos, sin precisar quiénes llevarían adelante la evaluación.
