En un comunicado conjunto donde pidieron a las partes en conflicto un "trato digno" a los fallecidos en las hostilidades, subrayaron que los familiares de las víctimas "tienen el derecho fundamental de conocer la verdad sobre la muerte de sus parientes".
Aseguraron que en muchos casos los cadáveres son enterrados en fosas comunes, a toda prisa, por temor a que puedan diseminar enfermedades contagiosas, pero aclararon que ese práctica se basa en falsas creencias.
"Los cadáveres de personas que fallecen de forma violenta no transmiten enfermedades ni son un riesgo para las comunidades", aseguraron.
Por el contrario, "análisis forenses y documentación de los cuerpos de los fallecidos son vitales, no sólo para identificar a las víctimas y las causas de sus muertes, sino también para establecer si se trató de crímenes tales como ejecuciones extrajudiciales".
Firman el comunicado los relatores sobre derecho a la verdad, justicia y reparación (Beranrd Duhaime), libertad de religión (Nazila Ghanea), derechos humanos de los desplazados internos (Paula Gaviria) y ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz).
