El pasado 27 de noviembre entró en vigor un alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá en el Líbano, donde desde la escalada bélica impulsada por Israel a mediados de septiembre murieron más de 4.000 personas y más de 1,2 millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares por la violencia.
Sin embargo, los ataques israelíes contra el Líbano no han cesado desde entonces pese a los llamados de las autoridades libanesas y las condenas de la comunidad internacional, que de poco o nada han servido para disuadir a Israel de seguir bombardeando objetivos que el Gobierno de Benjamín Netanyahu vincula al movimiento armado aliado de Irán.
El acuerdo inicial de alto el fuego venció a finales de enero, pero los patrocinadores del pacto -Estados Unidos, Francia y Naciones Unidas- anunciaron una prórroga del cese de hostilidades hasta el 18 de febrero en vistas de que las partes no habían cumplido sus obligaciones durante los 60 días de duración del armisticio.
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Los principales compromisos eran el repliegue de Hizbulá al norte del río Litani -cuyo curso alcanza hasta los 30 kilómetros de la frontera con Israel-; el despliegue en su lugar del Ejército libanés, y la consiguiente retirada “completa” de las tropas del Estado judío del territorio que habían ocupado desde el 1 de octubre de 2024.
El 18 de febrero llegó sin muchos cambios sobre el terreno. Israel sí se retiró de los principales núcleos urbanos del sur del Líbano, pero decidió mantener su presencia en cinco colinas libanesas cercanas a la frontera común para, según el Ejército israelí, poder hacer frente a cualquier amenaza inminente presentada por Hizbulá.
De nada sirvió que el Ejército libanés calificara esa decisión de una “violación de su soberanía”, o de que la ONU denunciara que Israel no se comprometió con el alto el fuego y que siguió violando la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que en 2006 puso fin a la guerra entre las partes y que sirvió como base del actual armisticio.
Un nuevo Gobierno libanés
No obstante, desde el fin de la guerra, los políticos libaneses han dado un paso al frente para resolver problemas que tenían pendientes desde hacía dos años: la designación de un Presidente de la República y la consiguiente formación de un nuevo Gobierno funcional capaz de tomar decisiones ejecutivas.
La jefatura de Estado recayó sobre Joseph Aoun, que hasta el 9 de enero era el jefe del Ejército libanés, una figura ampliamente respetada y de consenso que prometió mantener la unidad entre los ciudadanos, deshacerse de la corrupción endémica en el país y preservar la soberanía del Líbano. Es decir, echar a Israel.
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Unos días después, el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Nawaf Salam, fue elegido como primer ministro y se le encargó la ardua tarea de formar Gobierno, algo que logró con éxito el pasado 8 de febrero tras hacer malabares con las distintas formaciones políticas para que dieran respaldo a su nuevo Ejecutivo.
Tras dos años de vacíos de poder exasperantes, el Líbano cuenta ahora con instituciones funcionales con inmensos retos por delante, como una reconstrucción estimada en unos 3.000 millones de dólares que el país no puede desembolsar de ninguna manera ante la profunda crisis que atraviesa desde 2019.
Las reformas económicas -una misión titánica que será difícil de conseguir- también pueden ser un punto de inflexión para entrar en nuevas conversaciones con organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que la presencia de Israel en su territorio pondrá a prueba la fuerza del nuevo Estado libanés.
