El Tribunal de Distrito de Tokio falló de este modo a favor de la petición presentada por el Gobierno central de privar al organismo de las ventajas fiscales de las que gozaba bajo esta estructura, aunque podrá seguir operando como otro tipo de entidad.
La organización cuyo nombre oficial es la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo había estado bajo escrutinio por parte de las autoridades japoneses a raíz del asesinato en julio de 2022 de Abe a manos de una víctima del credo.
La solicitud fue presentada por el Ministerio de Educación y Cultura, responsable de cuestiones religiosas, en octubre de 2023 tras una investigación durante la que las autoridades entrevistaron a más de 170 víctimas de las presuntas prácticas abusivas para lograr fondos de la organización.
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El sistema legal japonés permite a las autoridades pertinentes pedir la disolución como organización religiosa de grupos que comenten actos que dañen sustancialmente el bienestar público.
La Iglesia de la Unificación se convierte en la tercera organización religiosa en ser objeto de tal orden en Japón, tras el culto Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), artífice del ataque con gas sarín en el metro de Tokio de 1995, y el templo budista Myokakuji de la secta Nichiren, cuyo máximo líder fue condenado por fraude.
La organización, que se ha mostrado crítica con la petición y las pesquisas de las autoridades, ha anunciado su intención de apelar la decisión.
Una agrupación religiosa controvertida y vinculada al Ejecutivo
Fundada en 1954 en Corea del Sur, la Iglesia de la Unificación es conocida por sus bodas masivas y ha generado controversia en Japón durante décadas por sus exigentes donaciones y la práctica de “ventas espirituales”, con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados y por las que le han abierto numerosos procesos judiciales en el archipiélago.
El grupo fue objeto de un nuevo escrutinio tras el asesinato de Abe, que dio lugar a la denuncia pública de numerosas víctimas del culto, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados a manos de sus progenitores para hacer donaciones a la organización o padecer penurias económicas como resultado de la bancarrota sus padres, como es el caso del autor material del magnicidio, Tetsuya Yamagami.
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Yamagami sostiene que el abuelo de Abe y ex primer ministro nipón Nobusuke Kishi contribuyó a la llegada y asentamiento del grupo en Japón y que por ello atentó contra él, tras intentar infructuosamente acceder a altos cargos de la organización.
El profundo escrutinio público de la agrupación tras el testimonio de Yamagami destapó importantes conexiones entre la política nacional y el grupo, que habría estado organizando campañas de compra o amaño de votos, lo que motivó en su momento una reforma del Gabinete.
El entonces primer ministro nipón, Fumio Kishida, vio socavada su popularidad a raíz del caso y se vio obligado a promover una investigación interna sobre los vínculos del Ejecutivo con la Iglesia de la Unificación y a llevar a cabo una “limpia” de parlamentarios y ministros que estaban bajo la sospecha de mantener lazos con la organización religiosa.
