En un comunicado, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, reconoció los esfuerzos del Parlamento hondureño para modernizar y simplificar los procesos estatales a través de la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficacia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental.
Sin embargo, considera que es necesario que la iniciativa se realice en estricto apego a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Honduras, no solo en materia ambiental, sino de manera expansiva a todos los derechos humanos.
El proyecto de ley fue sometido a un análisis ante la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Parlamento hondureño, la cual señaló su presunta compatibilidad con los tratados internacionales en materia de protección ambiental.
No obstante, el Conadeh encuentra que al simplificarse los procesos de licenciamiento ambiental sin previo análisis de cada caso se "acentuarían las problemáticas que generan conflictividad ambiental en el país, principalmente la falta de la celebración adecuada de la consulta previa, libre e informada, la falta de fiscalización rigurosa de la actividad extractiva, y los vacíos y ambigüedades en el marco legal nacional".
El organismo de derechos humanos cree que la flexibilización de los procesos de evaluación y otorgamiento de licencias ambientales propuesta en la iniciativa de ley "carece de claridad operativa y taxatividad normativa, lo que se traduce en potenciales violaciones de derechos humanos", especialmente a poblaciones históricamente afectadas, como los pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades locales.
Además, el Conadeh informó que ha documentado "múltiples quejas" relacionadas con violaciones de derechos humanos derivadas de conflictos por licenciamientos ambientales, y lamentó que sus requerimientos de información enviados a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) entre 2024 y 2025 no han recibido respuesta.
En este contexto, el organismo exhortó al Parlamento hondureño a considerar "el impacto de la vigencia" de la normativa antes de su aprobación, así como las violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades afectadas y la falta de respuesta estatal ante los procesos investigativos impulsados por el Conadeh.
También recomendó revisar el proyecto de ley a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aplicar un riguroso examen de convencionalidad, y ofreció su acompañamiento técnico para asegurar que cualquier marco normativo respete las obligaciones del Estado hondureño en esta materia.